Desde 2014, en Ecuador se han judicializado 500 femicidios, aunque la cifra real es más alta porque algunos jueces prefieren formular cargos por asesinato u homicidio para estos crímenes contra mujeres. Pero ahora una herramienta expone los datos de lo que hay detrás de este fenómeno y es un primer paso para la prevención y erradicación de esta forma de violencia.
En Loja, el pasado 17 de septiembre un padre reportaba la muerte de su hija de tres años, por causas naturales. Pero al día siguiente fue detenido porque se descubrió que la niña había sido violada y asfixiada. La Fiscalía de la provincia formuló cargos por femicidio. El hombre podría enfrentar una pena de más de 26 años de cárcel por el atroz delito contra su hija.
Se piensa que los femicidios se relacionan con los delitos de mujeres asesinadas por su pareja, frecuentemente por celos, pero el fenómeno es más complejo. El caso de la niña de Loja no es aislado, pues suma otra víctima a los siete femicidios contra niñas de entre cero y 12 años ocurridas desde 2014.
Esta información se desprende de la plataforma digital “FemicidiosEc”, diseñada por el Consejo de Judicatura para sistematizar los datos sobre este fenómeno.
Gracias a esta herramienta, ahora se conoce que el 37 por ciento de femicidios ocurre al interior del propio hogar. Y esto es lo que pasó con la niña de tres años en Loja.
No en vano las estadísticas del INEC reflejan que seis de cada 10 mujeres en Ecuador han sufrido algún tipo de agresión, pero más del 80 por ciento nunca denuncia el hecho, lo que impide tomar acciones. Esto puede terminar en tragedia.
Por eso, la difusión de esta información busca impulsar el diseño de políticas públicas enfocadas en la prevención, protección y sanción, refiere María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Según esta plataforma, se contabilizan 500 femicidios desde 2014, cuando se tipificó este delito en el Código Integral Penal, imponiendo una pena más alta en comparación con un asesinato.
Con esta herramienta se conoce que el 65 por ciento de víctimas estaba entre los 15 y 35 años. O que, el 71 por ciento tenía hijos, lo que supone que cientos de niños se han quedado huérfanos. Muchos de ellos fueron testigos de la muerte de sus madres. También se desprende que la mayoría no contaba con estudios secundarios o universitarios: a menor instrucción escolar y pobreza, mayores son las probabilidades de un femicidio.
Esta fue la realidad de Evelyn A., de 26 años, quien murió apuñalada por su pareja el 17 de septiembre, el mismo día que la niña de tres años en Loja. El hecho ocurrió en la zona rural de El Guabo, en El Oro. Evelyn no terminó el colegio.
Tenía dos hijas: de seis y 11 años. La madre fue testigo y resultó herida por tratar de defenderla. El Movimiento de Mujeres de El Oro anunció dar seguimiento al caso porque muchas veces la justicia acusa a los victimarios por homicidio o asesinato, con lo que consiguen penas menores y evitan la reparación a las familias y niños que quedan huérfanos.
MUCHO POR HACER
Esta herramienta no solo registra los femicidios judicializados, sino también las muertes violentas contra mujeres, pero que han sido encausadas con otros tipos penales. Así, por ejemplo, desde 2014 se registran 455 asesinatos, 88 homicidios, 19 violaciones, entre otros delitos. Muchos de estos casos son femicidios, pero hay jueces que todavía piensan que son “crímenes pasionales” y que la mujer tiene la culpa por provocar celos.
Por eso, los colectivos de mujeres denuncian que los femicidios pueden llegar al millar, si se cuentan los casos en los que se formula otro tipo penal, cuando claramente se conoce que el victimario es la pareja.
Aquí radica la diferencia entre lo que realmente pasa y lo que se juzga. Maldonado reconoce este problema, aunque señala que no pueden intervenir en las decisiones de los jueces. “Bridamos capacitaciones constantes sobre violencia especializada de género. Es lo que podemos hacer. En 2021 hemos capacitado a más de 3.700 operadores de justicia", dice la presidenta de la Judicatura.
La herramienta también permite saber en qué etapa procesal se encuentran los 500 femicidios judicializados. Se determina que el 51 por ciento ya está con sentencia. El 24 por ciento está en investigación previa. Un seis por ciento en evaluación de juicio, seis por ciento en juicio y el resto en otras etapas.
“Esto nos permite saber dónde están los nudos críticos y por qué razón el proceso está detenido o cuántas veces se ha diferido una audiencia”, dice Maldonado, quien es la primera mujer en dirigir el Consejo de la Judicatura.
En estos casos se puede exigir celeridad. “No es posible tener a los familiares parados afuera de las unidades judiciales esperando las audiencias. Eso es revictimización”.
Esta herramienta es un primer paso de lo que será el Registró Único de Violencia Contra las Mujeres que deberá estar listo para el siguiente año, y será responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Gobierno y el Consejo de la Judicatura. Este contendrá datos personales de las mujeres que han vivido algún tipo de violencia. Obviamente, la información deberá garantizar la confidencialidad.
Las medidas son urgentes luego de que el confinamiento haya recrudecido la situación, dice Maldonado. “Se está truncando el proyecto de vida de las mujeres. No podemos hablar de productividad si no aseguramos primero que nuestras niñas, niños y adolescentes puedan crecer en ambientes que aseguren su integridad física y psicológica”.
Según un estudio de percepción de la empresa Pulso Ciudadano y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, más del 50 por ciento de mujeres se siente inseguras en su propio hogar y el 80 por ciento manifestó haber sido humillada o desvalorizada por su pareja en el confinamiento.