Plan inmobiliario del hotel Quito, una papa caliente para nuevo Alcalde
En menos de tres meses, el alcalde electo Pabel Muñoz asumirá la administración de la capital. Uno de los temas candentes que deberá enfrentar se relaciona con una edificación emblemática, construida hace más de medio siglo, que se asienta en una zona de alta plusvalía. El alcalde electo tiene una papa caliente entre manos: el futuro del hotel Quito.
En 2016, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) vendió el hotel a la empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC), sucursal Ecuador, mediante una subasta de oferta pública bursátil, en 30,8 millones de dólares.
CRBC, que a la época mantenía una decena de contratos con el Estado ecuatoriano y con el Municipio de Quito, por casi cien millones de dólares, anunciaba que la compra generaría el desarrollo inmobiliario y dinamizaría la actividad hotelera en general.
La historia de este proyecto explica las razones por las cuales es emblemático. Su diseño se realizó en 1956, junto el del Palacio Legislativo, como parte de la infraestructura prevista para la decimoprimera Conferencia Panamericana, que debió realizarse en Quito en 1960.
La Conferencia no se reunió, pero los edificios quedaron en pie. La construcción del hotel empezó en 1958, por parte de la entonces llamada Caja del Seguro Social.
En particular, el hotel se convirtió en ícono de la modernidad: su fachada tiene una estructura paraboloide hiperbólica. Por su singularidad, por décadas acogió a los visitantes ilustres
El área total del terreno bordea los 30 mil metros cuadrados, que ocupan diez lotes. El edificio y la infraestructura ocupan 22 mil metros. La edificación principal ocupa seis pisos.
En 2011, las acciones de su administrador Quito Lindo S.A. pasaron del IESS al BIESS y un año más tarde (2013) el directorio del BIESS autorizó la desinversión de acciones.
Hasta 2013, el hotel Quito, con 215 habitaciones que representaban el cuatro por ciento de la capacidad hotelera total de la capital, recibía el siete por ciento del total de ingresos del negocio hotelero de la ciudad. En 2014 generó nueve millones de dólares.
Ese año se incorporaron al patrimonio de Quito Lindo los nueve lotes de terreno aledaños al hotel, donde se encuentran los parqueaderos.
Para 2013, de los 8,6 millones de dólares en ingresos que generó, el 49,5 por ciento provino de habitaciones; el 41,9 de alimentos y bebidas; el 8,6 por ciento de locales comerciales, estacionamientos y el club recreativo.
Los balances de resultados de 2013 a 2015 reflejan el aumento de gastos de administración, “como consecuencia de actividades de mantenimiento, ajustes de provisión de jubilación patronal, desahucio, retiro voluntario y gastos de depreciación”, según presentado por el gerente general y representante legal de Quito Lindo, de la época, ingeniero Washington Muñoz. Él es padre del alcalde electo de Quito, Pabel Muñoz.
La controversia
La valoración del bien fue uno de los puntos de controversia. El segundo, no menos polémico, fue la revelación de que la ficha patrimonial había sido modificada en 2014, sin criterios técnicos, dejando por fuera del patrimonio un ala del predio, para facilitar la venta y posterior intervención.
Dos fichas técnicas sustentan la declaración patrimonial. La de 1998 protege la integralidad del predio. La de 2014 excluye de la protección patrimonial al ala sur. A la época de la reforma, el ministro de Cultura era Francisco Velasco.
La controversia fue zanjada el 28 de diciembre de 2020. Mediante resolución, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) reconoció el inventario preexistente del hotel Quito y de otros siete mil bienes patrimoniales. Definió que la ficha de 1998 estaba vigente; en consecuencia, todo el predio es un bien patrimonial.
Colectivos protestan
Por esto, a los colectivos barriales y organizaciones ciudadanas de La Floresta les llamó la atención la noticia de que la construcción de dos torres de más de 20 pisos de altura, áreas no patrimoniales del predio, según la empresa, estuviera prevista para este año.
En un comunicado emitido dos días antes de las elecciones seccionales, el barrio La Floresta explicó que a inicios de febrero de este año, el comité promejoras de La Floresta fue invitado por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda para retomar la elaboración del Plan Urbanístico Complementario para La Floresta.
Esta normativa regirá al barrio durante los siguientes 12 años. “La invitación viene después de más de dos años de buscar marginar del proceso a las organizaciones barriales constituidas, en favor de la participación de empresas inmobiliarias y del sector del entretenimiento. Para ello no han dudado en emprender campañas de desprestigio y fomentar la división barrial”.
Según la organización, la convocatoria buscaba validar lo elaborado “a puerta cerrada en medio de apuros electorales y la reactivación de un gigantesco proyecto inmobiliario que acabaría con el valor patrimonial del hotel Quito y sus alrededores”. El comunicado remarca que la factibilidad del proyecto deberá definirse en el plan.
Rocío Bastidas, veedora ciudadana del barrio La Floresta y residente en la zona desde hace 50 años, explicó que en los próximos días los dirigentes se reunirán con el alcalde electo para exponer sus preocupaciones.
Andrés Vallejo, vicepresidente del comité barrial, alerta que debe haber una discusión amplia que involucre a autoridades, actores sociales y academia sobre el proyecto, por sus implicaciones, partiendo del hecho de que todo el predio es patrimonial.
Quien ha investigado la historia del predio es el arquitecto independiente Andrés Núñez, que participa en la veeduría por pedido del Colegio de Arquitectos. Alerta que las torres de varios pisos alterarán el entorno paisajístico.
Virginia Andrade, quien lidera una organización social que construye políticas públicas desde la organización social, advierte que la comunidad está vigilante de la marcha de este proyecto.
En tanto, la empresa propietaria del bien -y administradora del hotel- ratifica que reestructuró la propuesta arquitectónica para respetar el contexto paisajístico y que no afectará áreas patrimoniales.
El Municipio tiene la última palabra. En suma, la decisión está en manos de la administración entrante.
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