Así lo reveló la Fiscalía y la Policía Nacional a través de sus redes sociales. El operativo fue calificado como urgente.
Según información preliminar, mediante análisis técnico digital, se logró identificar a dos adultos que creaban y almacenaban archivos multimedia con contenido de material de abuso sexual infantil (MASI), para luego comercializar mediante redes de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram.
“Este contenido se obtuvo mediante amenazas, en sentido que los victimarios se encuentran dentro del círculo social de las víctimas”, escribió la Policía.
Tras el allanamiento, los dos menores de edad fueron rescatados y puestos a buen recaudo.
Mientras tanto, la Fiscalía comunicó que quedó detenida la madre y el padrastro de las víctimas, a quienes se les encontró material de abuso infantil, descargado de internet.
El Ministerio Público les formulará cargos en las próximas horas. Además, se espera que las autoridades brinden más detalles en el transcurso del día.
Esta semana se han llevado a cabo varios operativos contra la pornografía infantil. La madrugada del pasado jueves, por ejemplo, se detuvieron a dos personas implicadas en este delito en el sector de San Pablo, cantón Portoviejo.
En cambio, el miércoles 5 de junio también se aprehendió a dos personas dentro de la investigación de dos casos sobre presuntos delitos de pornografía que involucra a menores de edad.
En su cuenta de X, la Policía explicó que después de tres meses de investigación, capturaron en Quito a un sujeto, quien “tuvo una relación sentimental con la víctima y mediante engaños logró obtener las credenciales de acceso de uno de sus perfiles en redes sociales, donde subía, almacenaba y difundía material de abuso sexual infantil”.
Agregó que a través de mensajería instantánea “ofertaba servicios sexuales con la víctima, a fin de obtener un rédito económico”.
En la misma red social, la Policía señaló de la aprehensión de un supuesto implicado en el delito de pornografía en la provincia del Carchi.
El comandante de la subzona, Richard Dávila, indicó que duró seis meses la investigación del caso, en el que los padres de una menor de once años denunciaron que una persona le había pedido que enviara fotografías “de carácter sexual”.
“Cuando le había enviado, supuestamente, las fotografías, esta persona le presionaba para que tuviera citas por diferentes lugares de la ciudad”, anotó.