Hay un mayor desempleo entre las personas de la comunidad LGBTI+ que son transexuales y travestis, así lo constató una encuesta realizada por Fundación Mujer & Mujer con el apoyo de UNFPA-Ecuador y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género.
En más de ocho años, el Estado ecuatoriano no ha contado con datos estadísticos relevantes sobre este grupo poblacional. De hecho, el único levantamiento de información sobre condiciones de vida de las personas LGBTIQ+ en Ecuador fue realizado en 2013 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Es por ello que las organizaciones que luchan por la igualdad hicieron una encuesta para identificar vulnerabilidades en la población LGBTIQ+, en el marco de la pandemia de COVID-19.
La información se recopiló a partir de 555 personas encuestadas que enviaron sus respuestas de manera electrónica. Del total de personas, el 46% tiene entre 20 y 29 años.
Los datos más alarmantes tienen que ver con la situación laboral. Según el informe, las personas jóvenes (de 18 a 29 años de edad) tienen más dificultades de encontrar trabajo: el 44% se encuentra en condición de desempleo y el 17% tiene un empleo adecuado.
Existe una gran brecha entre las personas autoidentificadas como heterosexuales y la comunidad LGBTI+, pues los primeros presentan menor proporción de personas en desempleo (23%), mientras que las personas bisexuales y gays tienen proporciones significativamente más altas (39% y 34%).
El panorama empeora cuando se analiza la estabilidad laboral de las personas de la comunidad de acuerdo a su identidad de género. El desempleo de las personas travestis llega al 83%, en transmasculinos al 43%, en transfemeninas al 50% y personas transexuales al 38%.
ACCESO A LA SALUD
Las personas encuestadas identifican falta de acceso a servicios de medicina general, salud sexual y reproductiva, atención de violencia sexual, atención psicológica, odontología, medicamentos, antirretrovirales, medicinas para tratar enfermedades crónicas y catastróficas, métodos anticonceptivos y pruebas para la detección del VIH.
Además, el 30% de las personas encuestadas reportó que vive con alguna enfermedad crónica o catastrófica y 151 afirmaron haber sido diagnosticadas por COVID-19 en el último año.
El 85% de los encuestados considera que la pandemia afectó negativamente su salud mental y el 52% buscó apoyo para cuidar de la misma.
VIOLENCIA Y MIGRACIÓN
De las personas LGBTI+ que fueron víctimas de violencia, apenas el 15% buscó apoyo por los hechos ocurridos.
Las fundaciones, asociaciones, colectivos u ONG fueron las instituciones más comunes para solicitar atención, información o apoyo, con un 35%; instituciones como la Policía Nacional (24%), la Fiscalía (24%) y la Defensoría del Pueblo (18%) fueron también identificadas.
En cuanto a la migración interna, el 21% de personas residió anteriormente en Venezuela, el 20% en Colombia, el 13% en España y el restante 46% en otros países.
Pichincha es la provincia con el mayor porcentaje de migrantes LGBTI con el 41%, seguida por Guayas y Azuay.
RECOMENDACIONES
Ante estos datos, las organizaciones sociales recomiendan efectuar programas de promoción de la diversidad e inclusión en espacios laborales y fomentar cupos de trabajo, en especial para personas trans.
Así mismo, sugieren ampliar la cobertura de los servicios de atención psicológica que brinda el Ministerio de Salud. Garantizar el acceso a medicamentos, terapia hormonal e información sobre salud sexual y salud reproductiva.
Becas en el sistema educativo, seguimiento de muertes violentas en personas LGBTI, acceso a planes de vivienda, evaluar el modelo de carnetización para las personas con discapacidad, establecer programas de protección social e incluir a migrantes LGBTIQ+ en programas de albergues; son otras de las recomendaciones ante los datos que desprendió la encuesta.