Defensor del Pueblo detalla las amenazas contra él y su familia; se refiere a pedido de protección en Fiscalía
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El Defensor de Pueblo, Freddy Carrión, se refirió al comunicado de la Fiscalía General del Estado sobre la solicitud de ingreso al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT), que hizo el funcionario.
Carrión detalló que, desde octubre de 2019, las amenazas a la seguridad e integridad de él y su familia fueron denunciadas públicamente en varias ocasiones, e incluso se denunció la falsa alarma de una bomba en su domicilio.
Producto de ello, la primera solicitud de ingreso al SPAVT se realizó el 5 de marzo de 2020, ante la Fiscalía No. 2 de la Unidad DACE, a cargo de Raúl López Carrera.
Agregó que, el fiscal aceptó la solicitud el 6 de marzo de 2020. Pero, luego de unos días, inició el confinamiento por la pandemia y el proceso se suspendió.
El 21 de diciembre de 2020, se notificó un impulso fiscal, mediante el cual se comunicó, entre otras cosas, que el proceso fue trasladado a la Fiscalía No. 3 de la Unidad de Soluciones Rápidas.
Según el Defensor, desde hace aproximadamente 20 días, se han presentado nuevos intentos de intimidación y amenazas dirigidas directamente a su familia, razón por la cual, se volvió a presentar, el 11 de febrero de 2021, la solicitud para que se reactive el ingreso al SPAVT. Dicha solicitud se aceptó el 5 de marzo del presente año, y se llenaron los formularios respectivos.
La Defensoría del Pueblo indicó que, el 10 de marzo de 2021, el Fiscal remitió el expediente al SPAVT, y el programa ha realizado entrevistas individuales al Defensor del Pueblo y su familia, restando a la fecha, la entrevista para el informe del estado de vulnerabilidad psicológica.
Con esos antecedentes, afirman que son varias las amenazas recibidas por el Defensor del Pueblo y su entorno familiar, a partir de octubre de 2019, y que "no son recientes las alertas y pedidos para que se valore su seguridad y niveles de protección".
El último requerimiento se lo hizo hace 14 días y el SPAVT estaría en proceso de análisis de aceptar el ingreso o no al sistema. Al respecto, el Defensor del Pueblo ha manifestado su predisposición para colaborar en la valoración del caso.
Por último, la Defensoría afirma que, como parte de la denuncia pública presentada en contra del Presidente de la República, Lenín Moreno, y otras autoridades del Gobierno Nacional por los hechos acontecidos en octubre de 2019, "se recordó a las autoridades de justicia, las amenazas de las que ha sido objeto el Defensor del Pueblo, su familia e, incluso, funcionarios/as de la institución, insistiendo en ello para que se considere, de modo urgente y prioritario, el ingreso al sistema".
De su lado, Moreno ha tildado de "burla" el informe de la Defensoría del Pueblo que le atribuye supuestos delitos de lesa humanidad durante las protestas de octubre de 2019 contra unos ajustes económicos, que dejaron unos seis muertos y decenas de heridos.
Moreno dijo este miércoles que le preocupaba que el informe haya salido en plena campaña electoral para la segunda ronda de los comicios presidenciales del 11 de abril y dijo conocer que la administración de justicia trabaja, más bien, para sancionar a quienes generaron actos de violencia durante esas manifestaciones.
El informe, según Moreno, debió haber sido elaborado en tres meses pero "tardó más de 500 días", lo que para él "se trata de una maniobra calculada para coincidir con las elecciones; no con la verdad, no con la justicia, sino con las elecciones".
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