La Asamblea Nacional de Ecuador remitirá a la Corte Constitucional el veto parcial impuesto por el presidente, Guillermo Lasso, contra el proyecto de ley que despenaliza y regula el aborto por violación, recientemente aprobado por el Legislativo.
Con 75 votos a favor, 49 en contra y 11 abstenciones, el Parlamento ecuatoriano resolvió que, antes de tomar una decisión, el texto alternativo remitido por Lasso sea evaluado por la Corte Constitucional, que hace un año despenalizó el aborto por violación y ordenó al Legislativo elaborar una ley que lo regulase.
La norma fue aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, pero semanas después Lasso, de tendencia conservadora, lo vetó parcialmente al considerar que excedía los alcances de la histórica sentencia de la Corte Constitucional, por lo que propuso al Legislativo un texto alternativo que modificaba 61 de los 63 artículos.
Entre los principales cambios introducidos por el jefe de Estado estaba la unificación del plazo para interrumpir el embarazo en doce semanas para todas las mujeres, al eliminar la excepción de dieciocho semanas contemplada inicialmente para niñas, adolescentes, indígenas y mujeres del área rural.
También introdujo requisitos para poder acceder al aborto, entre ellos presentar una denuncia, una declaración jurada o un examen médico que demuestre que la solicitante de la interrupción del embarazo ha sido víctima de una violación.
Asimismo, el presidente desarrolló con mayor detalle la objeción de conciencia para los médicos, de modo que puedan negarse a practicarlo si no están de acuerdo por razones ideológicas o religiosas.
La Asamblea tenía hasta el 14 de abril para tomar una decisión sobre el veto parcial de Lasso, que pasa por aceptar las objeciones del presidente con mayoría absoluta de los votos (la mitad más uno), o ratificarse en el texto original, para lo que necesita 92 votos, correspondiente a dos tercios de la cámara.
Ahora ese plazo queda suspendido hasta que la Corte Constitucional emita un fallo sobre la propuesta alternativa presentada por el presidente, ante la dificultad que tenía el Legislativo de reunir los votos suficientes para ratificarse en su versión inicial del texto.
La moción para remitir el veto parcial de Lasso al máximo tribunal de garantías de Ecuador fue una propuesta de la legisladora Johanna Moreira, de Izquierda Democrática y miembro de la Comisión de Justicia de la Asamblea, quien consideró que el texto presentado por Lasso incluye "la posición personal del presidente de la República".
Por su parte, la legisladora Sofía Sánchez, de la alianza Minka por la Vida, advirtió que "la objeción parcial es en gran medida una nueva ley", y afirmó que el año pasado Ecuador registró más de 50.000 embarazos en adolescentes de entre 11 y 14 años.
La iniciativa de llevar el texto a la Corte Constitucional contó con la oposición del oficialismo, que abogaba por debatir el texto del presidente en el pleno de la Asamblea y encontrar un consenso para su definitiva aprobación, e incluso había parlamentarios que defendían la aprobación del documento conforme la versión de Lasso.
Antes de los legisladores, las organizaciones feministas que impulsaron la demanda que derivó en la histórica sentencia de la Corte Constitucional también acudieron la pasada semana al mismo tribunal para presentar una acción de incumplimiento del fallo de abril de 2021.
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