Comenzó el análisis al veto parcial (61 objeciones a los 63 artículos de la propuesta) del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional está a cargo de la revisión.
La principal gestión de los legisladores es la posibilidad de pedir previamente un pronunciamiento de la Corte Constitucional al texto enviado por el presidente de la República. En caso que se detecten inconstitucionalidades dependerá el debate interno entre los miembros de la Comisión.
Para el Gobierno, el aborto por violación es una excepción y no un derecho, por lo que objetó el título de la ley y la aclaración del objeto de la ley. La Asamblea tiene hasta el próximo 15 de abril para tramitar el proyecto.
La Comisión tendrá el aporte de cuatro expertos constitucionalistas y catedráticos universitarios, quienes darán su criterio sobre el procedimiento que debe seguir la Asamblea Nacional. Se trata de Stalin Raza, Soledad Angus, Angélica Porras y Ximena Ron Erráez. Alejandro Jaramillo (Izquierda Democrática), presidente de la Comisión de Justicia, ratificó que el veto del Ejecutivo contiene posturas y convicciones personales del presidente.
Para su sorpresa, en el veto se insiste que la víctima tenga una denuncia penal para acceder a la interrupción del embarazo por violación, a pesar de que eso ya consta en el Código Integral Penal, o que acuda a una notaría para que realice una declaración juramentada relatando todo lo sucedido, lo que implica una revictimización de niñas y mujeres. No solo deja a un lado el tema económico, sino que desconoce la realidad de las mujeres en la ruralidad.
Stalin Raza manifestó que la Asamblea Nacional no tiene la facultad de enviar el veto a la Corte Constitucional, sino solo de tramitar las objeciones, en las que puede ratificarse o allanarse. Señaló que para aprobar el texto inicial, el Parlamento debe contar con 92 votos.