¿Cómo las balas de una empresa pública terminan en manos de sicarios?
En la madrugada del 17 de febrero, en la cooperativa Batalla de Tarqui, en el Guasmo Sur de Guayaquil, asesinaron a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad. En el piso también quedó, herida, la hermana de una de las víctimas. Cuando llegaron los agentes de Criminalística, recogieron 58 casquillos. Unos de fusil, otros de pistolas de nueve milímetros. La sorpresa fue mayor cuando constataron que 35 de los casquillos llevaban impreso el sello de la fábrica de municiones Santa Bárbara, una empresa vinculada directamente a las Fuerzas Armadas.
Según contó a Vistazo el comandante de Policía de la Zona 8, general Víctor Zárate, la mitad de las evidencias balísticas encontradas en lo que va del año, llevan las siglas SB, de Santa Bárbara. Lo que aún no se explica es ¿por qué esas balas terminan en manos de sicarios?
¿QUÉ ES SANTA BÁRBARA?
En 1977, el alto mando militar concibió la idea de tener una fábrica de municiones propia. Los enfrentamientos bélicos con Perú de 1981 y 1995 terminaron de justificar su creación. La empresa dependía de un departamento militar conocido como Dirección de Industrias del Ejército. Desde su inicio se asentó en Sangolquí, al sur de Quito.
Sin embargo, no fue sino hasta fines de 1996, casi 20 años después de su creación, en que se constituyó formalmente mediante escritura pública. En esos años se formó el llamado Holdingdine que agrupó a una serie de compañías cuya propiedad o parte de ella estaba en poder del Ejército.
Cuentan antiguos oficiales de la Fuerza Terrestre que cuando firmamos la paz definitiva con el Perú, en 1998, empezaron los problemas económicos para Santa Bárbara. El presupuesto para la Defensa bajó y la demanda de municiones para entrenamiento, también.
La respuesta fue ampliar la oferta de productos y de clientes. Empezaron a fabricar escopetas, municiones no letales, equipos de protección y hasta gas pimienta. Y en 2008 incursionaron en la metalmecánica. Cubiertas de coliseos, barandas de puentes, silos de almacenamiento, torres para antenas, están en el catálogo de ventas.
Con la Revolución Ciudadana el cambio fue más drástico. A partir de 2012 se convirtió en una empresa pública autónoma donde los militares perdieron su hegemonía. Hoy el Directorio lo preside el Ministerio de Defensa y está acompañado por el Jefe del Comando Conjunto, el Comandante del Ejército, la Coordinadora de Empresas Públicas y hasta el Ministerio de Finanzas. Es decir, tres representantes del Ejecutivo y dos uniformados activos. “No somos una fábrica de gestión simple, somos estratégicos de la defensa. Nuestra razón es la provisión y servicio a los elementos de seguridad del Estado”, dijo el gerente general, mayor en retiro Luis Carrillo Toscano.
¿QUIÉNES COMPRAN LAS BALAS?
Entre 2012 y 2015 acumularon pérdidas por 1,3 millones de dólares. En 2015 empezaron un proyecto metalúrgico para el Ministerio de Educación, por el que todavía Santa Bárbara reclama el pago de 3,4 millones de dólares. Luego de 13 intentos de conciliación, en junio de 2020, se fueron a juicio. Con la Empresa Nacional de Almacenamiento mantienen un litigio similar por 114 mil dólares. Esto, según sus directivos generó una iliquidez que se agravó durante la pandemia.
Al inicio de la crisis sanitaria, Santa Bárbara contaba con 142 empleados. En febrero de 2022 no llegan a 80. El ejercicio económico 2020 terminó con un resultado negativo superior al millón de dólares. Las cosas en 2021 fueron mejor y el balance lo escribieron en azul.
De acuerdo con reportes propios, los “servicios logísticos de defensa” representan las dos terceras partes del negocio. Allí están incluidas las municiones. El principal cliente siempre ha sido el estamento militar. Pero también tienen en su cartera a la Policía, la Aduana, el Banco Central, agencias municipales de tránsito, empresas de seguridad privada, clubes de tiro, deportistas y “personas naturales autorizadas para la tenencia de armas”.
No es público el detalle de la cantidad y tipo de mercadería vendida a cada cliente. Pero sí se conoce que durante 2020 el sector de negocios que más creció fue el privado que pasó de tener el 17 por ciento de la cartera en junio, al 35 por ciento en diciembre. Es decir que los clubes de tiro, los guardias privados y personas naturales fueron los mejores clientes. Las más numerosas serían las empresas de seguridad privada que son 784 en todo el país.
La Policía Nacional, según el director nacional de la Dinasep, no ha pedido municiones desde 2018. Y según los policías, las balas que ellos compran llevan además las siglas PN, lo que descartaría en principio que las perdidas sean las de ellos.
Santa Bárbara asegura que: “Todo el proceso de venta va acompañado de los protocolos exigidos por la Ley y las entidades de control”, añadieron que garantizan la trazabilidad, es decir los procedimientos que permiten conocer el histórico, la ubicación y el recorrido de cada producto o lote de productos entregados a sus clientes. Dicen además estar dispuestos a entregar a la Fiscalía la información que ella solicite.
Fiscalía pide información sobre balas de fabricación militar encontradas en sicariatos
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