La mañana de este jueves 2 de julio, las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en La Troncal, fueron intervenidas por miembros de la Policía Nacional y La Fiscalía General del Estado (FGE). Las autoridades realizaron el operativo como parte de una investigación propiciada por la ANT contra funcionarios que presuntamente cometían actos de corrupción.
De acuerdo a un comunicado de la entidad de tránsito, la Fiscalía le sigue la pista a la supuesta participación de funcionarios en la entrega de documentos falsos para acceder a licencias. La ANT sospecha que os trabajadores se aprovechaban de sus cargos públicos para permitir a usuarios obtener la aprobación de exámenes psicosensométricos, sin pasar por las pruebas correspondientes.
Actualmente se han presentado siete denuncias por estos actos de corrupción. La ANT comunicó que por el momento no se sabe si los empleados en cuestión solicitaban dinero o no a las personas para hacer que pasen el examen, pero la fiscalía ya lo está investigando.
El director ejecutivo de la agencia de tránsito, Adrián Castro, afirmó que la actual administración no permitirá casos de corrupción dentro de la agencia y ofreció su colaboración a las autoridades para que las denuncias presentadas en este y otros casos, no queden en la impunidad.
Hace poco, se reveló que la ANT estuvo envuelta en otro caso de corrupción, cuando el recién llegado director, Castro, indicara públicamente que la agencia entregó irregularmente rutas y frecuencias de buses de transporte público.
"Durante la pandemia, se entregaron irregularmente más de 300 rutas y 1 600 frecuencias. Fueron otorgadas antitécnicamente!", expresó el funcionario en una entrevista con El Comercio.
Según Castro, aquello generó confusión y desorden en los terminales terrestres pues salían varios buses con la misma ruta en un lapso muy corto, así como propició el aumento de velocidad en las vías. "Desde que se entregaron estas rutas irregulares, se han registrado 100 accidentes", declaró en agosto pasado.
Sobre este caso, la Contraloría General del Estado debe hacer una auditoría para determinar responsabilidades y sanciones.