22 años de derechos… y de discriminación
Víctor Hugo Carreño jueves, 28 noviembre 2019 - 09:16
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Era una época oscura e infame, de abusos y con una legislación estigmatizadora. La Policía irrumpía en bares o discotecas gais y detenía a las personas que estaban reunidas, bailaban o tomaban unos tragos simplemente por eso… por estar reunidas, bailar y tomar unos tragos.
Hasta 1997, el Código Penal vigente en ese entonces consideraba al “homosexualismo” como un delito. El primer inciso del artículo 516 del Código Penal señalaba: “En los casos de homosexualismo, que no constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho años”.
Hoy, 27 de noviembre, tras 22 años de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador, la palabra “homosexualismo” ya no existe en el Código Penal ni hay delitos tipificados por la orientación sexual o identidad de género. Más bien, en las últimas dos décadas se incorporaron a la legislación nacional disposiciones para proteger a la población LGBTI y reconocer sus derechos. Sin embargo, hay derechos que todavía están pendientes y una sociedad que discrimina.
Con la disposición que penalizaba la homosexualidad, la Policía justificaba las detenciones de personas que estaban en bares o discotecas. Estas detenciones eran el inicio de más abusos: insultos, palizas y hasta agresiones sexuales, según denunciaban las personas detenidas.
En junio de 1997, un operativo de la Policía en el Bar Abanicos, que incluso fue parte de los noticieros televisivos, provocó que los colectivos de la diversidad sexual se organizaran para luchar por la despenalización de la homosexualidad. En su edición de julio 17 de 1997, Revista Vistazo informó que tras el operativo en el bar hubo una manifestación hasta la Gobernación de Azuay para protestar “por la represión policial y apoyando la libertad de acción de los homosexuales”.
Vistazo también informó sobre la violencia que sufrieron las personas detenidas (gais, travestis y mujeres transgénero) tras el operativo en el Bar Abanicos. Según la investigación, en los partes policiales constaba la frase “maricas reincidentes” y un consultado que fue detenido reveló que los internos se burlaban de ellos, los intimidaron y uno fue violado.
Las agrupaciones Coccineli, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Triángulo Andino, Tolerancia, entre otras, se organizaron para iniciar las acciones para la despenalización de la homosexualidad.
Gonzalo Abarca, de Coccineli, explicó que hubo un trabajo conjunto: un grupo se encargó del lobby ante el extinto Tribunal Constitucional, el organismo que resolvía demandas de inconstitucionalidad y que finalmente despenalizó la homosexualidad, y otro de la recolección de firmas.
Es así que el 31 de agosto inició la recolección de firmas, donde las mujeres transgénero integrantes de la agrupación Coccineli fueron las principales protagonistas. Ese día, acudieron a la Plaza de la Independencia para solicitar las firmas a los transeúntes. Como parte del proceso, debían presentar 1.000 firmas; mientras, Triángulo Andino y abogados pedían reuniones a los integrantes del Tribunal Constitucional o los abordaban en oficinas o aeropuertos para hacer el lobby.
Las firmas eran recolectadas en las calles, tanto en Quito como en Guayaquil. Y no sólo firmaban personas LGBTI. Abarca recordó que en una ocasión una señora con visibles canas solicitó firmar; él le preguntó por qué su interés en hacerlo y ella respondió “yo tengo una hijita como ellas” y señaló a las chicas de Coccineli. Al evocar el recuerdo, los ojos de Abarca se humedecen y trata de contener el llanto. La señora regresó con más familiares para firmar; su hija nunca llegó.
Tras recolectar 1.460 firmas, las organizaciones presentaron en septiembre de 1997 al Tribunal Constitucional la demanda de inconstitucionalidad del artículo 516 del Código Penal. El 25 de noviembre del mismo año el organismo declaró inconstitucional la disposición y dos días después entró en vigencia.
La recolección de firmas para presentar la demanda de inconstitucionalidad inició el 31 de agosto en la Plaza de la Independencia, en Quito. Foto cortesía de Gonzalo Abarca.
El inicio de más derechos
La resolución que despenalizó la homosexualidad en Ecuador fue el inicio de un camino de derechos para la población LGBTI. Al año siguiente, la Asamblea Constituyente aprobó una Constitución que incorporó la orientación sexual como principio para la igualdad ante la ley. Es decir, por primera vez se hablaba de la prohibición de discriminación.
Diez años después, una nueva Constituyente añadió la no discriminación por identidad de género a la Constitución. Además, permitió la unión de hecho para personas del mismo sexo, pero el matrimonio lo reservó para parejas heterosexuales, así como la adopción. No fue hasta junio de 2019 que la Corte Constitucional reconoció el matrimonio a parejas del mismo sexo.
Mariasol Mite, presidenta de la Coalición de Mujeres Trans del Ecuador, aplaude los avances en derechos, pero acota que aún hay discriminación y estigma de parte de la sociedad. “Nos ven como ciudadanos de segunda y tercera clase”, comenta.
En efecto, la población LGBTI sufre aún de discriminación pese a que, tras la despenalización de la homosexualidad, se sumaron reconocimientos y derechos en los últimos 22 años. La primera investigación sobre condiciones de vida de la población LGBTI, elaborada por el INEC en 2013, reveló que el 70,9% sufrió una experiencia de control, imposición, rechazo y experiencias de violencia en el entorno familiar por su orientación sexual o identidad de género; por ejemplo, prohibición de salir con otras personas, obligación de asistir a terapias o charlas religiosas, quitarles el habla, o recibir insultos y amenazas.
Mite considera que mientras el Estado reconozca derechos pero no inicie un proceso de información a la sociedad sobre la igualdad y no discriminación a personas LGBTI, continuará el discurso de odio.
Ese discurso emergió tras el reconocimiento del matrimonio igualitario. En redes sociales, personas expresaban su rechazo con insultos. Y en las calles, sectores conservadores marcharon contra la decisión de la Corte Constitucional. “El matrimonio es solo entre hombre y mujer”, “la familia está compuesta por papá, mamá, hijos”, “no podemos irnos en contra de la naturaleza”, fueron los mensajes que se leían en carteles.
Un camino que continúa
Aunque en 22 años Ecuador ha avanzado en derechos, aún hay pendientes para la población LGBTI. Diana Maldonado, activista en derechos humanos y temas LGBTI, señala que está en deuda aún la adopción para parejas del mismo sexo, pues la resolución de la Corte Constitucional de junio pasado sólo reconoció el matrimonio.
Además, denuncia que hay restricciones en la inscripción de niñas y niños de parejas homoparentales en el Registro Civil. “La traba es que tiene que ser concebido en un centro de fertilización especializado y no todos los niños vienen al mundo con este método. También se hacen fertilizaciones artesanales. En Estados Unidos venden un kit para hacer el procedimiento en la casa”, comenta.
Maldonado también menciona que se realizan “violaciones correctivas” en centros de “deshomosexualización” para mujeres lesbianas o bisexuales.
Un informe presentado en 2016 por organizaciones ecuatorianas al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas denuncia que las “terapias de deshomosexualización” en Ecuador se desarrollan en centros que actúan clandestinamente. En estos centros, las personas que llegan, contra su voluntad, son víctimas de insultos, mala alimentación, trabajos forzados, agresiones físicas y violaciones sexuales.
Aunque esa época oscura donde los policías podían detener a personas LGBTI quedó en el pasado, aún hay derechos por reconocer… y discriminación y prejuicios por superar.
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