En la sesión, instalada en el Complejo Judicial Norte de Quito, también se solicitó prisión preventiva para seis de las ocho personas imputadas como presuntos autores directos de delincuencia organizada.
En la diligencia, el fiscal pidió la medida de arresto domiciliario para los dos individuos restantes, entre ellos Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, por ser mayores de 65 años.
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Además, para garantizar una posible multa y reparación integral, la institución solicitó la retención de cuentas, pólizas e inversiones que los procesados tengan en el sistema financiero nacional, y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles.
"Hoy tras la audiencia de formulación de cargos en el llamado Caso Encuentro se ha develado, una vez más, que todo esto obedece a un montaje mediático que se ha querido hacer para, falsa, dolosa y espuriamente, intentar incriminar a mi cliente", consideró Calixto Vallejo, abogado de Carrera, a través de un comunicado.
"Todos los indicios son falsos y trucados, en una trama meramente mediática. Al no existir indicio válido, no cabe, por tanto, que el juez emita esa medida cautelar", señaló el letrado en el documento, emitido horas después del anuncio del pedido de arresto domiciliario por parte de Fiscalía.
El caso "Encuentro" se refiere a una supuesta estructura criminal que habría operado en empresas públicas, especialmente en el sector eléctrico. En su defensa, Carrera ha dicho en varias ocasiones que no tiene nada que ver aquellos actos de corrupción.
Otras figuras reconocidas procesadas son Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y Antonio Clemente Icaza Morla, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).
El caso nació tras una serie de audios divulgados por un medio digital. Al inicio estaba dividido en dos: "Encuentro" y "León de Troya", pero luego Fiscalía unió las dos causas.
Según argumentó Fiscalía, luego de encontrar hechos relevantes en el proceso de investigación y tras un proceso de análisis profundo, se determinó la presunta existencia de un esquema de corrupción sistemática en contra de la administración pública, que incluiría varias instituciones del Estado (BanEcuador, Aduanas, Cnel, entre otras) en el caso “León de Troya” que se relacionan con el caso “Encuentro”.