En el Caso Malvinas, un juez negó este viernes 21 de marzo la solicitud de libertad presentada por los 16 militares procesados por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad, quienes luego fueron asesinados.
La decisión se adoptó tras acoger los argumentos expuestos por la Fiscalía sobre el crimen de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y de sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes vivían en el barrio Las Malvinas, al sur de Guayaquil.
Caso Las Malvinas: así fue la reconstrucción de los hechos que duró casi 12 horas en Guayaquil y Taura
En la audiencia convocada por un magistrado de Garantías Penales de la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil, se negó la solicitud de revisión y sustitución de la prisión preventiva presentada por la defensa de los 16 militares procesados.
Los uniformados, actualmente recluidos en la cárcel de Latacunga, fueron señalados por la Fiscalía como presuntos responsables de la detención irregular de los cuatro menores la noche del 8 de diciembre de 2024. Días después, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados calcinados en una zona rural cercana a la base militar de Taura, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
El pasado domingo, la Fiscalía llevó a cabo la reconstrucción de los hechos con la presencia de los 16 militares procesados, los padres de los menores, así como los abogados de ambas partes. La diligencia se realizó en el barrio Las Malvinas, donde ocurrió la detención.
Según las investigaciones, alrededor de las 20:30 del 8 de diciembre, una patrulla militar interceptó a los menores y los trasladó en un vehículo blanco a un destino desconocido.
Durante la reconstrucción, los militares narraron al fiscal Christian Fárez cómo se desarrolló la detención.
Los jefes de la patrulla fueron los que más tiempo participaron en la recreación de los hechos, con la colaboración de otros soldados y policías, quienes representaron a los menores asesinados y a sus amigos que lograron escapar.
"Esta diligencia es importante porque reúne también los testimonios que ya han venido registrándose antes", explicó Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organización que defiende legalmente a las familias de las víctimas.
Por su parte, Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas y del CDH, afirmó que la diligencia respalda la acusación de desaparición forzada. "La reconstrucción ha ido muy apegada a la versión que han indicado los 16 procesados y confirma la existencia del delito", sostuvo.
Con la decisión del juez, los militares permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial en su contra.