Semana de tensión en la Policía y las Fuerzas Armadas: pedido de renuncia a generales y chalecos bajo la lupa
Especialistas cuestionan la falta de estrategia del Gobierno para abordar estos temas, "ya que al final del día los que salen ganando son los grupos criminales".
[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Empieza a seguirnos ahora🚀]La tensión en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ha sido evidente esta semana luego de que el Gobierno pidiera la renuncia de 10 generales y el ministro de Defensa tuviera que salir a defender la calidad de chalecos para militares. ¿Qué implicaciones tendrán estos temas dentro de esas instituciones?
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La violencia en Ecuador ha incrementado durante el inicio de año, catalogado como el más violento de la historia, ya que en el pasado mes de enero se registraron 781 homicidios, según cifras del Ministerio del Interior. Un año antes fueron 505 y en el 2023 la cifra quedó en 247.
Mientras que en febrero la criminalidad ha continuado, teniendo como principales blancos a policías. En la última semana han sido asesinados al menos tres gendarmes. Quince días atrás fue asesinado Porfirio Cedeño, comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la FAE.
Al mismo tiempo, el país vive un proceso electoral. El pasado 9 de febrero, los ecuatorianos acudieron a las urnas y los resultados determinaron que el presidente Daniel Noboa y la correísta Luisa González vayan a una segunda vuelta.
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RECLAMOS ENTRE GOBIERNO Y POLICÍA
Ante este panorama, Noboa decidió hacer cambios en su gabinete. Uno de los más significativos fue la remoción de Mónica Palencia del Ministerio del Interior. En su lugar llegó el general Fausto Buenaño, pero al poco tiempo renunció y John Reimberg tomó las riendas de esa cartera de Estado.
Pero la polémica estaba a punto de empezar. En la primera reunión que tuvo el ministro Reimberg con la cúpula policial, pidió la renuncia de 10 generales, los cuestionó por el aumento de la violencia y reclamó la ausencia de dos generales que estaban de vacaciones. El subcomandante Freddy Sarzosa explicó cada uno de estos puntos y señaló: “Es necesario reconocer que la Policía Nacional ha hecho y está haciendo lo que debe hacer con lo poco o nada que tiene en cada uno de los territorios”.
Esa frase se pudo escuchar en un audio viralizado en redes sociales y comenzaron las especulaciones sobre una posible fricción entre el Ministerio del Interior y la Policía. No obstante, Reimberg aclaró que no existe separación entre las entidades. Asimismo, el comandante general, Víctor Hugo Zárate, dijo en un video que todo se trataba de “falsos rumores o intereses que buscan dividirnos”.
“El hecho de que se haya difundido este audio es una muestra de que hay malestar dentro de la Policía”, comenta Daniel Pontón, experto en seguridad y catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
Agrega que “inevitablemente” poner en riesgo a 10 generales causa incomodidad dentro de las filas policiales, ya que, si llegaran a salir todos, implicaría un cambio total en la estructura jerárquica y tampoco hay gente lista para asumir esos puestos.
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En este momento existen 18 plazas para generales, pero solo 10 están ocupadas, las demás son comandadas por coroneles, incluidas direcciones estratégicas como la Policía Judicial o Dinased. Recién en septiembre se prevé el ascenso de nuevos generales.
Daniel Pontón también recuerda que no es la primera vez que se pide la renuncia de generales, más bien ha sido una constante en los últimos gobiernos. Sin embargo, “los mejores momentos de la Policía en materia de credibilidad han sido cuando hay mayor estabilidad en las cúpulas”.
Por su parte, Lorena Piedra, experta en seguridad y presidenta de la Asociación de Estudios Internacionales del Ecuador, evidencia en el nuevo ministro del Interior “una falta de comprensión sobre los cuerpos jerárquicos de la policía” y que estima se estarían tomando “decisiones anti técnicas desde el desconocimiento del sector público”.
En esto coincide Luis Córdova Alarcón, profesor de la Universidad Central y director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia. A su criterio, uno de los grandes problemas es que no hay una política pública estructurada en tema de seguridad y hace falta la cooperación entre las fuerzas policiales y militares.
“Hay mucha desconfianza entre ellos, porque se les está poniendo a competir por el mismo propósito y por el mismo presupuesto. Cada uno intenta demostrar quién cumple mejor las tareas de seguridad y se están peleando por los presupuestos”, cuestiona Córdova. Y el otro gran problema, dice, es que no hay mecanismos de depuración en estas instituciones. Cada vez se hacen más frecuentes los casos de uniformados que aparecen en procesos judiciales del crimen organizado.
POLÉMICOS CHALECOS
En este escenario, esta semana, la controversia también llegó a las Fuerzas Armadas. El pasado 26 de febrero la institución publicó un comunicado en el que disponían a los soldados “no rendirse” en la lucha contra el crimen organizado.
“El enemigo al que nos enfrentamos no tiene honor, no respeta la vida, no conoce la justicia. Son hombres sin patria, traidores que han vendido su alma por el dinero sucio del narcotráfico y la corrupción, se esconden en la sombra, atacan con cobardía y creen que pueden imponerse con violencia”, decía la carta.
Un día después se revelaría en un medio digital supuestas irregularidades en la adquisición de chalecos antibalas. Esto con base en informes militares filtrados, que luego el ministro dijo que la información había sido tergiversada.
Básicamente, se firmó un contrato con la empresa High-End Defense Solutions LLC, registrada en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) como incumplida e impedida de hacer adjudicaciones estatales desde el 3 de diciembre del 2024. Sin embargo, el Gobierno dice que el acuerdo de los chalecos se firmó meses antes de la sanción, el 19 de agosto del 2024. Es la Policía la que había declarado contratista incumplida a esa compañía.
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Pero más allá del tema administrativo, lo que más preocupó es la supuesta falta de calidad y certificación de los chalecos, ya que no tendrían el nivel de protección requerido. Eso obligó al Ministerio de Defensa a realizas una prueba balística para demostrar la resistencia de los implementos, el pasado jueves.
El chaleco utilizado en la prueba tenía 20 capas y las balas de la prueba pasaron hasta la segunda capa, por lo que según las autoridades quedó demostrado que “eran de buena calidad”.
Ese contrato se adjudicó de manera reservada, ya que el presidente Daniel Noboa emitió un decreto ejecutivo en el que establece que el sistema de contratación pública para el sector de seguridad debe blindarse con el secreto.
Luis Córdova dice que ya el año anterior con la firma de contratos reservados se corría el peligro de que se genere opacidad en el sector seguridad. Pero no solo eso, apunta, sino que hace que se genere también desconfianza dentro de las propias Fuerzas Armadas porque la Marina es la que tiene el control de los contratos, pero el informe que cuestionó la calidad de los chalecos salió del Ejército. Aunque el ministro Loffredo aseguró que “el informe no es de la Fuerza Terrestre, sino de un par de militares con intereses oscuros”.
Por lo que el tema de los chalecos ya se veía venir, dice la experta en seguridad, Lorena Piedra.
Agrega que en este momento “sea verdad o mentira, el daño ya está hecho, y una vez más quienes ganan son las estructuras de delincuencia organizada”.
Por su parte, el analista Daniel Pontón opina que las autoridades deben aclarar este tema porque “el no tener un chaleco adecuado implica estar entre la vida y la muerte, puede ser un tema administrativo, pero aquí estamos hablando de vidas”.
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