Un informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) revela que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) destinó 131,67 millones de dólares para contrataciones de obra, servicio y bienes durante los últimos cinco años. El contrato más costoso fue la construcción de la nueva prisión de Santa Elena, denominada 'Cárcel del Encuentro', promovida por el gobierno de Daniel Noboa.
El análisis titulado ‘Millones en contratos, cárceles en crisis: la gestión del SNAI’ muestra que, entre 2020 y 2024, el presupuesto y los valores adjudicados en contrataciones del SNAI experimentaron un crecimiento significativo.
En cinco años, el SNAI pasó de manejar un presupuesto para contrataciones de 3,91 millones a casi 60 millones. Sin embargo, las cárceles siguen siendo escenarios caracterizados por masacres y hacinamiento.
Así mismo, el informe recuerda que la Contraloría General del Estado ha identificado deficiencias importantes, como la falta de entrega de materiales y la ausencia de actas de recepción en varios contratos en los últimos años.
Además, el SNAI ha recurrido de manera constante a la modalidad de contratos de emergencia sin una planificación adecuada ni un control riguroso, lo cual puede provocar sobrecostos.
Para el abono de deudas, en cambio, se han utilizado varias veces los denominados convenios de pago. Estos mecanismos son de carácter excepcional y permiten a las instituciones estatales saldar valores pendientes con proveedores sin necesidad de cumplir con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Entre 2020 y 2024, el SNAI desembolsó 81 millones bajo esta modalidad. De esos, unos 77 millones habrían ido a parar a los bolsillos de Lafattoria S.A con el objetivo de saldar deudas derivadas de los contratos de servicios de alimentación, según el informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).
Lea también: Cárcel El Rodeo de Portoviejo: encuentran a dos presos sin vida en el pabellón de mediana seguridad
La mayor parte del dinero va a las obras físicas. De un total de 131,67 millones de dólares, dirigidos al SNAI en los últimos cinco años, las obras representan el 42,75% equivalente a 55,76 millones.
Por ejemplo, la construcción y equipamiento del Centro de Privación de Libertad en Santa Elena en 2024 costó 52 millones, pero poco se sabe sobre su avance o costos detallados. De hecho, el acceso a la información sobre esta obra ha sido restringido.
Mientras que en el 2021 y 2023 solo se gastó 3,5 millones en obras. A esto se suma que, en 2020, no se registró ninguna contratación de construcción o mantenimiento de infraestructura.
Luego de las obras, siguen los servicios adquiridos que representan el 38,76% del total gastado, con contratos por 50,55 millones. Este rubro incluye servicios como la alimentación para los reos y servicios de seguridad.
En tercer lugar están los gastos por bienes adjudicados, que sumaron 24,11 millones, representando el 18,49%. Aquí se incluyen uniformes y mobiliario hasta equipos tecnológicos y suministros.
El informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) muestra 10 contratos del SNAI, entre 2020 y 2024, que suman un total de 108 millones, destinados para infraestructura, equipamiento de seguridad y servicios de alimentación.
El contrato más significativo fue la construcción y equipamiento del centro de privación de libertad en Santa Elena en 2024, con un presupuesto de 52,17 millones de dólares. Adjudicado a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L., la contratación presentó solo un ahorro marginal del 0,02% sobre el presupuesto inicial, dice el análisis.
Agrega que el acuerdo se hizo bajo la modalidad de contrataciones con empresas públicas internacionales con un solo proceso. La empresa beneficiaria es Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L., una subsidiaria del grupo español Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, cuya propiedad mayoritaria (67%) pertenece a la empresa estatal china China Road and Bridge Corporation (CRBC).
En el ámbito de los servicios, los contratos de alimentación para privados de la libertad también representaron un gran monto de dinero. El contrato de 2023 para la División Administrativa Territorial 3, adjudicado a Lafattoria S.A., por un total de 23,15 millones de dólares, no presentó ahorros.
Otro proceso que destacó por su carácter de emergencia fue la adquisición e implementación de equipos tecnológicos de control y seguridad para los centros penitenciarios en 2022, adjudicado a Electrocomrep CIA. LTDA., por un total de 8 millones.
La Fundación también dice que aparte de los contratos mencionados, se realizaron compras de camionetas y computadores a través de catálogos electrónicos. La compra de camionetas 4x4, adjudicada a Ciudad del Auto CIAUTO CIA. LTDA., ascendió a 2,28 millones de dólares, mientras que la adquisición de computadores por un total de 1,11 millones, adjudicada a Bredlyng S.A.
Finalmente, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) concluye que se deben establecer mecanismos para mejorar la planificación ante situaciones de emergencia, implementar un proceso de debida diligencia para contratos con empresas extranjeras y fortalecer marcos normativos en materia de inversión extranjera, contratación pública y concesiones.