Solicitud de juicio político contra ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, fue calificada a trámite por el CAL
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite la solicitud de juicio político contra Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa.
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"El Ministerio de Defensa deberá responder al país y a los ecuatorianos por la muerte de los cuatro menores de edad de Las Malvinas, en Guayaquil", declaró la Asamblea Nacional este martes, horas después de la audiencia en la que se dictó prisión preventiva contra los militares involucrados en el caso.
"La Secretaría General remitirá las solicitudes de enjuiciamiento político con la documentación presentada a la Comisión de Fiscalización para el respectivo trámite", concluyó el Legislativo.
La Fiscalía General del Estado confirmó este martes que cuerpos calcinados hallados la semana pasada corresponden a los de los cuatro menores desaparecidos el 8 de diciembre en el sur de Guayaquil, tras ser aprehendidos por 16 soldados sobre los que recayó la medida de privación de libertad.
"Los resultados de las pericias de genética forense confirman que los 4 cuerpos encontrados en Taura corresponden a los 3 adolescentes y 1 niño desaparecidos tras un operativo militar el 8 de diciembre", indicó la Fiscalía en su cuenta de la red social X.
Los padres de los menores entregaron el pasado viernes muestras de sangre para cotejar con los restos de los cuerpos encontrados en Guayaquil mientras se buscaba a los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11.
En videos que se difundieron en redes sociales se puede ver cómo los militares los aprehendieron cuando estaban caminando cerca de un centro comercial, supuestamente respondiendo a una alerta de robo, aunque el Ministerio Público ha señalado que no hay prueba de ello.
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Luego se los llevaron hacia Taura, una zona a unos 30 kilómetros de Guayaquil en donde fueron hallados los cuerpos calcinados. Desde esa noche, se desconocía el paradero de los menores, a los que, según los militares, los dejaron con vida en el camino hacia una base aérea.
El pasado martes, una jueza determinó que la desaparición debía ser investigada como "forzada" y con "responsabilidad del Estado", tras aceptar el hábeas corpus interpuesto por las familias de los menores y afirmó que durante la audiencia se presentaron elementos que hacían presumir que los 16 militares que actuaron en la aprehensión "no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos".
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