Familia de Carlos Javier Vega pide procesar a militares por ejecución extrajudicial
"Se equivocaron porque mataron a una persona inocente", asegura la madre de Carlos Javier Vega.
“Esas balas no fueron solo para él, sino para toda la familia”, afirma el padre de Carlos Javier Vega Ipanaqué, el joven de 19 años que murió tras recibir disparos de militares durante un operativo en Guayaquil. El caso es investigado por presunta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, pero la defensa de la víctima asegura que se trata de ejecución extrajudicial. Este viernes se dará la audiencia de formulación de cargos.
Su familia lo recuerda como un chico alegre y bromista. Siempre ayudaba a su padre en la panadería. Le gustaba jugar fútbol y tocar la guitarra. De hecho, formaba parte de una banda de música cristiana. Soñaba con ser marino, pero paradójicamente murió por impactos de bala que salieron del arma de un miembro de las Fuerzas Armadas.
Ahora todas las risas se desvanecieron en la casa de la familia Vega-Ipanaqué. Los rostros de los padres del joven lucen cansados y tristes. “Nos mataron en todo sentido, estamos devastados, éramos una familia unida, pero nos falta una pieza del rompecabezas”, comentó Laura Ipanaqué, madre de la víctima, a Vistazo.
La indignación los invade al recordar que aún sigue publicado el comunicado de las Fuerzas Armadas, en el que se cataloga a Carlos Javier y a su primo como terroristas.
“Es doloroso saber que teníamos un buen muchacho como hijo, pero la gente comentaba (en redes sociales) que está bien que haya muerto”, afirma Carlos Vicente Vega, padre del joven.
Los padres solicitan justicia y que los militares rectifiquen la información publicada. “Mi hijo no era terrorista, se equivocaron porque mataron a una persona inocente”, reitera la madre.
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EL DÍA DE LA TRAGEDIA
El viernes 2 de febrero del 2024, Carlos Javier Vega se trasladó con su primo Eduardo Velasco por el sureste de Guayaquil para vender un perro. Sin embargo, en el camino se encontraron con un control militar, a pocos metros de su lugar de destino.
Eduardo, quien manejaba el auto, intentó retroceder para irse, pero chocó con un patrullero policial. En ese momento, escuchó disparos y vio a su primo herido. Luego, esquivó el control y continuó manejando por la avenida Domingo Comín, pero al poco tiempo se detuvo al darse cuenta de que también estaba herido.
Ahí llegaron los militares para revisar el auto. Asimismo, Carlos Javier Vega y su primo fueron puestos en el piso, pese a que estaban heridos. Luego, ambulancias de los bomberos los llevaron a una casa de salud.
Mientras tanto, las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado titulado “Terroristas aprehendidos ante intento de ataque a retén militar”, en el que afirmaron que un vehículo “intentó evadir el control embistiendo a personal militar e impactando contra la patrulla, en respuesta a este ataque se realizaron disparos para precautelar la seguridad del personal”.
Carlos Javier Vega murió al día siguiente por cuatro impactos de bala a corta distancia, según determinó la autopsia. “Fueron disparos directos al cuerpo, ningún tiro fue disuasivo”, reveló el abogado Abraham Aguirre, miembro del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que patrocina a la familia del joven.
El primo Eduardo Velasco, en cambio, quedó herido y lo acusaron por el presunto delito de ataque y resistencia. Sin embargo, al poco tiempo, la Fiscalía desistió del proceso.
Una jueza también pidió que se abran dos investigaciones: una por la muerte de Carlos Javier Vega y otra por el delito de fraude procesal, puesto que había anomalías en las versiones de los tres militares implicados en los dos casos.
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FORMULACIÓN DE CARGOS
Tras varios retrasos, este viernes se dará la audiencia de formulación de cargos contra un militar por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Sin embargo, el jurista Abraham Aguirre mencionó a Vistazo que han recabado suficientes elementos para que luego el Ministerio Público reformule cargos por el delito de ejecución extrajudicial.
Entre las diligencias que se han hecho en estos meses consta la recepción de versiones, informes periciales y la reconstrucción de los hechos. Uno de los descubrimientos más destacados es que la patrulla, que habría sido rozada por el auto en el que iba la víctima, “no tenía ningún tipo de daño”, reveló Aguirre.
Agregó que en primera instancia se formulará cargos contra un militar, pero luego se vincularán a dos más que habrían participado en el hecho. “Podrían ser procesados como cómplices o coautores, pero se irá definiendo de acuerdo a las pruebas y tras los 90 días de instrucción fiscal”.
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¿POR QUÉ EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL?
El abogado de la familia de Carlos Javier Vega sostiene que la actuación de los militares “fue desproporcionada y no cumplió con los estándares del uso progresivo de la fuerza” porque indica que los tiros se dieron en la mitad del parabrisas, directo hacia la víctima.
Explica que en este caso hubo ejecución extrajudicial, que sucede cuando el sujeto implicado tiene pleno conocimiento sobre el resultado de su acción u omisión. Además, es un delito doloso. Por su parte, la extralimitación en la ejecución de un acto de servicio sucede por inobservancia, negligencia e impericia, que podría ocasionar un hecho culposo.
“Los implicados son servidores militares, altamente capacitados, que tiene pleno manejamiento sobre el control de esos escenarios. Por lo tanto, fue un hecho doloso con plena consciencia y voluntad. Ellos sabían que ese tiro iba a matarlo”, manifestó Abraham Aguirre.
La defensa reclama justicia, verdad y reparación. Además, busca establecer un precedente porque “cualquier persona puede pasar por lo mismo”, sobre todo, teniendo en cuenta que el Ecuador aún sigue bajo el paraguas del conflicto armado interno, decretado por el presidente Daniel Noboa a inicios del 2024.
No es el único caso, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) conoce de otros dos presuntos asesinatos por parte de militares. También registran cuatro hechos de desaparición forzada.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabiliza 12 denuncias por ejecución extrajudicial desde enero hasta mayo del 2024. La mayoría de víctimas pertenecen al grupo etario de 18 a 29 años.
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