Dieciocho personas fueron vinculadas a un proceso por peculado cometido presuntamente en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas. Hasta el momento 30 personas forman parte de la instrucción fiscal en esta causa.
Según lo expresado por el agente fiscal del caso, ellos serían parte de una red de corrupción que habría participado en un proceso de contratación para la construcción y ampliación de muelles, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado.
La Fiscalía inició –en marzo de 2022– una investigación a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, tras recibir una denuncia sobre las presuntas irregularidades en la contratación de una obra por parte de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, en 2019.
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En el desarrollo de la audiencia de vinculación, Fiscalía presentó más de setenta elementos de convicción, recabados en la investigación previa.
Entre los más importantes se incluyen: el informe de contratación pública, la pericia contable financiera, la certificación de la Superintendencia De Compañías, Valores y Seguros, el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Además, Fiscalía expuso documentos que establecerían la relación de los procesados como funcionarios públicos en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, cuando se habría cometido la infracción.
El fiscal explicó que en los pliegos del proceso de licitación, que sirvieron para la convocatoria del proceso de contratación de la obra, se convocó a participar a personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que mantengan su domicilio fiscal en Ecuador.
No obstante, el registro del domicilio de la empresa ganadora se efectuó de manera posterior a las fechas de adjudicación y suscripción del contrato de la obra. Al igual que su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Por tanto, la Comisión Técnica que participó en la calificación de ofertas y los otros funcionarios procesados habría declarado como ganadora a una empresa sin haber cumplido lo establecido en los pliegos contractuales.
El juez que conoció la causa dictó prisión preventiva para cuatro de los nuevos procesados y presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso del dispositivo de vigilancia electrónico para los catorce restantes. La instrucción fiscal se extenderá por 30 días más.