10 años buscando justicia: fue confundido por sacapintas y policías le dispararon 11 veces en Guayaquil
Hace 11 años, Aldo Zambrano salía en su taxi a recoger pasajeros por la ciudad de Guayaquil, al mediodía aproximadamente, su auto fue confundido con el de unos sacapintas afuera del centro comercial Plaza Mayor. Durante el operativo policial disparó 11 veces hacia su auto . Dos balas lo alcanzaron y una tercera fue disparada por un policía encubierto (vestido de civil) cuando Aldo ya se había estacionado, estaba herido y desangrándose.
Unos cuantos segundos bastaron para cambiar su vida por completo, su único error fue haber estado en el lugar incorrecto y la hora equivocada. Ese 8 de junio de 2010 Aldo fue víctima de un delito que le dejó con un 75% de discapacidad física.
“Él se tiró al piso porque estaba herido, pese a esto el agente hizo un tercer disparo que destrozó el fémur izquierdo” , cuenta Fanny Arrata, madre de la víctima.
En total fueron dos tiros en el cuerpo y uno en la pierna.
Aunque no era parte de la banda de criminales que los policías perseguían, los agentes intentaron culparlo y llevarlo a la cárcel.
Meses después, el juez Ronald Guerrero declaró que Aldo era inocente y ordenó investigar a los policías y autoridades que atentaron contra su vida . Pero hasta el momento no hay ningún detenido, de hecho, el proceso sigue en indagación previa, 10 años después.
Durante todo ese tiempo su caso ha pasado por siete fiscales y ha cambiado de ciudad para lograr un proceso transparente, según César Banda Batallas, abogado de Aldo.
Este año la Fiscalía decidió retomar el proceso en Cuenca y se espera que dentro de un mes se efectúe la audiencia de formulación de cargos . El pasado 20 de abril, Aldo rindió su testimonio anticipado. Tanto él como la familia esperan una reparación integral por parte del Estado.
"Lo único que pido es justicia y que reparen el daño ocasionado" , dice Aldo Zambrano, quien postrado en una silla de ruedas, apenas puede mover sus dos brazos y habla con dificultad. Los disparos mermaron su salud y cuatro años después del trágico evento, sufrió un infarto cerebral.
No solo la vida de Aldo cambió radicalmente, también la de su madre, esposa e hijas, quienes cargan con los estragos del crimen.
TRAVESÍA ENTRE LA CÁRCEL Y HOSPITALES
Luego del tiroteo, Aldo fue llevado al Hospital Luis Vernaza, donde reconstruyeron el colon y corrigieron la perforación del pulmón. Sin embargo, al no poder respirar, los médicos decidieron inducirlo a un coma.
“A los tres días le quitaron la asistencia de ventilación mecánica y lo primero que me dijo es 'mamá me robaron el carro', porque él pensaba que fue un intento de robo”, recordó Fanny.
A partir de ese momento comenzó a sufrir varios ataques por parte de los policías , quienes según la madre de Aldo, intentaron acabar con su vida.
Según recuerda Fanny Arrata, el alta médica fue tramitada por los agentes, pero lo hicieron utilizando un médico adscrito, la solicitud no fue firmada por el jefe de la sala como nuevas normas hospitalarias. “Los custodios de mi hijo pagaron la cuenta del hospital, la trabajadora social me exoneró más de 2.800 dólares que al momento tenía acumulado en deudas”.
Posteriormente fue llevado a la Penitenciaría del Litoral , en donde las autoridades no lo recibieron debido a su grave estado de salud, “en ese momento mi hijo tenía una afectación generalizada, las heridas de la pierna estaban infectadas, como consecuencia de la reconstrucción que tuvo cinco días antes ”.
Además, intentaron ingresarlo con una boleta de flagrancia que tiene validez por 24 horas y los policías querían hacerla efectiva 21 días después.
Luego de esta travesía, Aldo llegó al Hospital Guayaquil, Abel Gilbert Pontón, pero por la gravedad del caso y para salvaguardar su vida, fue trasladado a una clínica particular, según dispuso el juez Ronald Guerrero.
“Tuvimos que desprendernos de todo nuestros bienes para cubrir los costos durante un mes y medio” , señala Fanny. Ella calcula que los gatos durante todo el proceso de hospitalización de su hijo ascienden a los 70 u 80 mil dólares.
CONSECUENCIAS IRREPARABLES
Luego de ser víctima de brutalidad policial, Aldo Zambrano no volvió a ser el mismo de. Permanece inmovilizado en una silla de ruedas, no pude volver a trabajar, tampoco cristalizó sus sueños matrimoniales y vive con miedo .
De hecho, Aldo y su familia tienen protección policial porque han sido amenazados de muerte.
Zambrabo, quien actualmente tiene 43 años y dos hijas, comentó que una de las cosas que más le frustran es no poder trabajar y ayudar a su esposa con los gatos de la casa.
“Mi vida cambió radicalmente, ahora ya no puedo trabajar como antes lo hacía porque tengo una discapacidad del 75%”.
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Cuando sucedió el hecho, Aldo y su esposa llevaban apenas dos años de casados y tenían un bebé en camino, “fue un tiempo de mucha preocupación”, recordó Fátima Véliz, “porque el pronóstico de mi esposo era de 24 horas de vida , yo pasaba en el hospital haciendo las diligencias, dormía en el piso y con riesgo de perder a mi hija ”.
Luego de ser declarado inocente, los problemas no terminaron. La familia vivía con miedo de salir a las calles , porque temían que alguien hiciera algo en su contra.
“Era como dormir con el corazón en la mano y con esa esperanza de que no vaya a pasar nada. La vida nos cambió de una manera increíble y complicada... Nos destruyeron emocionalmente, las cicatrices se borran con una crema, pero las emocionales son complicadas y el tema económico también , un sueldo para un hogar con dos niñas no alcanza ”, cuenta Véliz.
PROCESO CON INCONSISTENCIAS
Paralelamente a la odisea que pasó la familia, en los juzgados se intentaba culpar a Zambrano de supuesta complicidad con la banda de sacapintas. De acuerdo al abogado de la familia y especialista en crímenes de estado, César Banda, los policías colocaron evidencia falsa para lograr ingresarlo a la cárcel.
“Le pusieron un arma que no funcionaba y después se inventaron la historia de que había un copiloto, que nunca existió porque las balas entraron por ese lado” , dijo el abogado.
Finalmente, el 20 de agosto del 2010, el juez Ronald Guerrero resolvió absolver un Aldo de las acusaciones formuladas por Fiscalía, al no encontrarse motivos para la acusación, todo lo contrario, hallaron múltiples violaciones de Derechos Humanos . Por ello, se ordenó investigar a los policías ya todas las personas involucradas en el delito.
La víctima presentó una denuncia en 2011 por ejecución extrajudicial fallida , crimen contra los Derechos Humanos que es imprescriptible. El caso consta en la Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía.
10 AÑOS SIN RESULTADOS
Pese a que tanto el juez Guerrero como la sala de la Corte Provincial de Guayaquil ordenaron que se investigue a los funcionarios y policías que atentaron contra la vida de Aldo, el proceso sigue en indagación previa, primera etapa del proceso penal que debe durar máximo dos años.
“Vamos casi once años con un expediente abierto, es una barbaridad, un crimen de Estado atroz”, comentó César Banda.
Explica que este tipo de sucesos se dilatan porque hay conveniencias entre fiscales y policías que tratan de engañar a la justicia. “Los policías involucrados han hecho todo lo posible para desvanecer el caso durante 10 años”.
Por el caso denominado ‘falso positivo’ han pasado alrededor de siete fiscales que no han concluido las investigaciones, es recién en este 2021 cuando la Fiscalía, a la cabeza Diana Salazar, levantó el proceso que estaba a punto de quedar en la impunidad.
DESPUÉS DE UNA DÉCADA EMPIEZAN LAS INVESTIGACIONES
Actualmente el fiscal Esteban Coronel de Cuenca es quien lleva el caso y las investigaciones, esto luego de que pasara por varios juzgados.
“El delito se cometió en Guayaquil, pero fue cambiado porque había mucha corrupción, así mismo, encubrimiento a los policías y fiscales”, dijo el abogado de Aldo.
Banda comentó que en los últimos meses se han hecho pericias de criminalística, pruebas de metalurgia y balística, entre otros procedimientos. Además, 20 testigos han declarado en favor de Aldo.
La familia pedirá una reparación integral para la víctima porque han sido más de 10 años sin una respuesta efectiva y con cicatrices emocionales que no se pueden borrar.
“Esperamos que haya una reparación integral para la víctima y para toda su familia, no en el sufrimiento y el dolor, sino en los gastos económicos que han tenido en estos años”, mencionó el abogado.
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
Farith Simon, decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, indicó que en este caso existe una inacción “muy grave” por parte del Estado ecuatoriano. Pues han transcurrido más de 10 años, en los cuales no se conoce lo que ocurrió, ni existen responsables.
Explica que no hay un estándar internacional sobre cuánto debería durar una investigación, sin embargo, hay tres criterios que se utilizan en estos casos: complejidad del suceso, la actuación procesal de las partes y el impacto que tiene en el derecho de las personas.
“Siendo un caso complicado, no puede demorar 10 años, por lo tanto el Estado ha incumplido con sus obligaciones de investigación, se demuestra que los medios puestos al proceso no han sido los adecuados para encontrar la verdad”.
Segundo, “no hay investigación preliminar que justifique la demora” y “por los daños físicos y psicológicos, así como, los costos económicos, creo que el estado ha incumplido sus obligaciones y por lo tanto se está configurando en una acción de responsabilidad del Estado”, dijo Simon.
Agrega que en el caso hay múltiples violaciones a los Derechos Humanos: el que no se haya investigado porque recibió los disparos, los daños causados, la falta de respuesta judicial y la espera por la verdad. Estos elementos hacen que el caso pueda presentarse ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) o ante otras instancias internacionales.
“El estado podría restituir los derechos o tratar de reparar los daños causados en dos medidas: buscando la verdad y después restableciendo los derechos violados en la medida de lo posible, que implicaría entre otras cosas, la reposición de los costos médicos y las implicaciones de su condición actual ”, dice Simon, para quien también debe investigar si se trató de una omisión de quienes estaban a cargo de la investigación, o alguien estaba presionando para que la investigación no llegue a buen puerto.
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