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¿Hasta cuándo durará la plata para los jubilados?

jueves, 30 enero 2020 - 03:47
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Ocho mil millones de dólares del fondo  de pensiones del IESS se hicieron humo  por dos decisiones antitécnicas adoptadas  en 2015. Ahora, para salir del bache, se  recomienda aumentar la edad de  jubilación y un incremento gradual de los  aportes patronales y/o personales.
 
"Regla número 1: Nunca pierdas dinero. Regla número 2: Nunca te olvides de la  regla número 1”. Eso aconseja Warren  Buffet, el tercer hombre más rico del  mundo. Ojalá lo hubieran escuchado las  autoridades del IESS en 2015.
 
Dos antitécnicas decisiones adoptadas ese año, por el directorio del instituto de seguridad social ecuatoriana de la  época, le costaron más de 8.000 millones de dólares al patrimonio del fondo  de pensiones, del cual depende casi medio millón de pensionistas y jubilados.  La cifra consta en el estudio actuarial del  seguro de Invalidez, Vejez y Muerte del  Seguro General Obligatorio, con el aval  de la firma Risko Velez y Velez Risk Management, presentado a fines de 2019.
 
El documento presenta en blanco y negro las cifras del sistema de pensiones, y lanza alertas. Si no arrimamos el hombro, y si el Gobierno deja de contribuir con el 40 por ciento de esas pensiones, el último año de reserva positiva sería 2023. 
 
“Los ingresos del fondo disminuyeron  a partir de 2015, por el impacto de la eliminación del 40 por ciento de la contribución del Estado para el pago de pensiones,  el cambio en la tasa de aportación y la situación económica”, explica el estudio. La  contribución gubernamental constituye  uno de los tres pilares de financiamiento  del esquema, junto con la tasa de aporte  (pagada por los afiliados y empleadores)  y los rendimientos de las inversiones que  efectúa el BIESS.
 
En el escenario de que el Gobierno  cumpla con el 40 por ciento de contribución, el último año de reserva sería 2053  según la proyección actuarial. El 40 por  ciento equivale, en la actualidad, a unos  1.700 millones de dólares. Desde 2015,  el IESS recurrió a su patrimonio para financiar este valor porque dejó de recibir  la asignación gubernamental. La Corte  Constitucional restituyó la obligación. Este año, el Gobierno desembolsó cerca de  mil millones por este concepto.
 
El informe actuarial contempla un horizonte de 40 años. En  2058, habrá dos aportantes por  cada jubilado. Hoy, por cada pensionista son ocho aportantes.  Los jubilados por vejez son casi  400 mil, pero serán 2,4 millones  dentro de 40 años. Si la contribución del Estado representa casi el 1,5 por ciento del PIB en la  actualidad, dentro de 40 años representará entre el 7 y 8 por ciento del PIB de la época. ¿Qué recomienda entonces? Un conjunto  de medidas estructurales. Una  de ellas, que los afiliados trabajen durante  más tiempo antes de jubilarse: la base actual es 60 años de edad y 30 de aportaciones. Otra, el posible incremento gradual de  unos dos puntos en los aportes mensuales de los patronos y/o de los trabajadores.
 
 
Sin embargo, el presidente del consejo directivo del IESS, Paúl Granda, advierte que empezará un proceso de discusión  nacional. Y que ninguna decisión, sea el  aumento en la edad para la jubilación o el  aumento en la tasa de contribución, se tomará en forma unilateral.
 
El informe tiene detractores. Meitner Cadena, PhD en Matemáticas y  actuario, afirma que hay “deficiencias de orden técnico, ya que  se sobreestiman las reservas”. En  su análisis, cuatro variables deben ser incluidas: la longevidad  de la población; las tablas de mortalidad; el contexto laboral marcado por el aumento del desempleo y su incidencia en la cartera  de cobro de los créditos que concede el BIESS, tanto quirografarios como hipotecarios, pues al  perder el empleo las personas dejan de pagar sus préstamos, por  lo que el porcentaje de mora bordearía el  diez por ciento. Desde esta perspectiva, la  situación es más crítica.
 
 
De su lado, el consultor financiero Rodrigo Astudillo Valarezo alerta que en la  mayor parte de países del mundo la edad  de jubilación es de 65 años, con 35 años de aportes. Actualmente, el afiliado destina el 9,10 de sus aportes para financiar su jubilación.  “Cuando se creó la Ley de Seguridad Social en Ecuador, hace casi  100 años, los actuarios partieron  del supuesto de que no existiría  incremento de los salarios y las  pensiones, y que los trabajadores  se jubilarían con el mismo sueldo que tenían al iniciar su actividad laboral. La esperanza de vida para alguien de 60 años era  de unos siete años más, mientras que en la actualidad es tres  veces mayor”. Según este analista, el actual sistema es financieramente insostenible.
 
El tema de fondo, dice el estudio actuarial, es que no existe una norma que determine de  manera clara y explícita el sistema de financiamiento. Esta es la  base que soporta la estructura financiera general del seguro. El  conjunto de posibles sistemas de  financiamiento presenta alternativas entre dos extremos: capitalización individual, en el cual cada  asegurado financia sus prestaciones a través del ahorro propio, no  hay solidaridad entre generaciones y se requieren altas reservas;  y el sistema de reparto puro, en el  cual las prestaciones de los jubilados en un año determinado se financian con los aportes de los jubilados ese año, por lo que hay un  alto grado de solidaridad.
 
¿Cuál es el esquema que debe seguir el modelo ecuatoriano?  Esa parece ser la pregunta crucial.
 

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