Grupo legislativo aprueba resolución sobre pesca ilegal en Galápagos que será enviada al Gobierno, Unesco y ONU
Carolina Farfán jueves, 6 agosto 2020 - 11:11
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El Grupo por el Bienestar Animal, que preside Washington Paredes, en la Asamblea Nacional, profundizó el análisis sobre la actuación de pesca de las flotas extranjeras, como es el caso de China y sus efectos ambientales, en aguas cercanas a la zona económica exclusiva de Galápagos y Ecuador Continental.
Se analizó una resolución que contiene 11 puntos encaminada a la defensa y protección de los mares. A través del documento se solicita al Gobierno Nacional disponga recursos económicos para el fortalecimiento del control de las áreas protegidas de la reserva marina de Galápagos y la zona económica exclusiva de la región insular y continental por los riesgo que significa la posibilidad de ingreso de flota extranjera a las aguas jurisdiccionales del país.
Insiste al Gobierno que gestione de manera prioritaria la adecuación del aeropuerto de la Isla San Cristóbal, para que a través de la cooperación internacional del gobierno de Estados Unidos se inicie con el control aéreo de la pesca ilegal, tráfico de droga, combustible, especies endémicas, especies migratorias y protegidas por tratados internacionales.
Paredes informó que harán el seguimiento y enviarán la presente resolución a las diferentes instituciones del gobierno nacional, Unesco, ONU, y harán consulta a la Corte Constitucional.
Al inicio de la sesión el legislador mencionó que el problema de la pesca ilegal no es de ahora, así como el de los desechos en los mares. Consultó hasta qué punto es conveniente seguir pertenciendo a la Convemar toda vez que solo se tiene 12 millas de mar territorial y 188 millas son zonas económica exclusivas; además, si estarán al día en los pagos de los seguros de las embarcaciones y aviones para cuidar la soberanía marítima y terrestre. También preguntó si se podría regresar al tratado del pacífico de 1952 de Chile para recuperar las 200 millas de mar territorial.
Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa subrayó dos premisas fundamentales, sobre las cuales fundamentó su exposición que dijo que no son susceptibles de negociación e interpretación: Soberanía Nacional y la ratificación de la Convemar. Expresó que hablar de soberanía, es hablar de autoridad suprema del Estado basada en la Constitución y de la responsabilidad de la Cancillería y del Ministerio de Defesa, por lo tanto, no es delegable, sustituible, afragmentable, aún cuando existan convenios, acuerdos de cooperación, así como ayuda de carácter técnico y científico.
Aseguró que las zonas de reserva y áreas protegidas no son independientes del territorio nacional del Estado ecuatoriano. La defensa nacional se preocupa por la seguridad y condición estratégica del futuro del Ecuador, puntualizó. El ministro nombró como los fundamentos de estrategias de seguridad, la anticipación, previsión y reacción.
Sobre la pertinencia de la Convemar y el Buque Oceonográfico, dijo que es hablar del proyecto Sutpla, de sustento técnico para la ampliación de la plataforma, que tiene como objetivo generar información de carácter estratégico, técnico científico del espacio geográfico de la plataforma continental, más allá de las 200 millas para considerar una ampliación hasta de 150 millas (carnegie 76%), en relación al artículo 76 de la Convemar.
De su lado, Darwin Jarrín, comandante General de la Marina tras hacer una reseña de la Convemar reiteró que existe la posibilidad de ampliación de la plataforma marina. Pero, salir de la Conmevar o no adherirse a ésta no tendrían la oportunidad de reclamar la posibilidad de la ampliación de la plataforma Sutpla, agregó al enfatizar que el trabajo de la Armada del Ecuador ha sido garantizar la soberanía económica de la zona económica exclusiva, es decir, los derechos de soberanía que tiene el Ecuador en los espacios martítimos jurisdiccionales.
Afirmó que “ningún buque de bandera extranjera, ha ingresado a aguas nacionales hacer pesca legal o ilegal”, y aclaró que el buque chino que ingresó haciendo tránsito inocente fue interceptado con el derecho que les da la Convemar y se detectó que era un buque petrolero que estaba haciendo tránsito inocente que presentó un problema de máquina.
Marcelo Larrea, expresidente de la Federación Nacional de Periodistas, expresó su permanente cuestionamiento a la pretención de adhesión a la Convemar y pidió al Grupo Parlamentario se pronuncie porque el Ecuador renuncie a la Convemar argumentando que los derechos marinos del Ecuador están garantizados por la legislación marítima y por el Tratado del Pacífico o declaración de Santiago de 1952.
Mariana Almeida, presidenta Ejecutiva de Selva-Vida Sin Fronteras y, Ocean Defender-Ecuador apoyó el pedido de la Armada de contar con el Barco Oceanográfico y con todo el equipamiento necesario para proteger las Galápagos y la zona territorial. No obstante, aseguró que el equipamiento de las Fuerzas Armadas no depende de la adhedsión de Ecuador a la Convemar.
Reafirmó su posición para que se revise la forma como el pasado gobierno hizo esta ahdesión y si todo este procedimiento fue legal. Consideró que la pérdida de más de un millón de kilómetros cuadrado de mar no solo atenta contra la soberanía nacional, compromete la capacidad de proteger Galápagos, sino que es una traición a la patria.
Luigi Benincasa, director Ejecutivo de Atunec, se mostró abierto en revisar el decreto en el cual la pesca es incidental, sobre todo, en lo concerniente al tiburón. Sostuvo que las prácticas extrañas son la masiva presencia de 200 y más barcos en aguas territoriales.
Oswaldo Rosero, especialista en Vigilancia del Océano, dejó claro que renunciar a la Convemar seria perjudicial. Desarrollar un nuevo acuerdo de Santiago o manterse en la Convemar, así como tener herramientas jurídicas para poder defender los intereses del país en alta mar, que generan empleo e ingresos, no sería viable puesto que la Convemar es el marco jurídico válido.
Por último la bióloga Maria Cristina Cely dijo que hay dejar el discurso de las flotas extranjeras realizando la pesca ilegal cuando el problema está en el país en donde probablemente podría tener origen las 26 toneladas que fueron decomisadas en Hong Kong, que seguro fueron pescadas por embarcaciones ecuatorianas. Recordó que solo en el 2018 se exportaron alrededor de 500 toneladas en su mayoría aletas de tiburón y el resto cuerpo del mismo.
Al término de la sesión, Washington Paredes indicó que estuvieron en sesión permanente por cerca de quince días para buscar una salida a la problemática de Galápagos.
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