El presidente Lenín Moreno reformó este viernes 17 de julio el Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, tras el escándalo por la obtención ilegal de carnés de discapacidad, así como su utilización para importar autos de lujo a Ecuador.
Vía decreto N° 1097 se estableció un tope para la importación de vehículos, los que ingresan sin aranceles acogiéndose al beneficio del carné de discapacidad.
Para acceder a la mencionada exoneración de tributos, será necesario que el valor del vehículo no exceda los 60 Salarios Básicos Unificados, es decir, 24.000 dólares, “tomando en consideración el precio de venta en el que ese “año modelo” salió al mercado, aplicando un 15% de depreciación anual para el primer año, 10% para el segundo año y 10% para el tercer año, considerando el tipo de cambio vigente a esa fecha”.
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En el cálculo de los años de antigüedad del vehículo, se tomará en cuenta únicamente el período comprendido entre el año modelo y el año de embarque.
La reforma también especifica que no se podrán importar vehículos automotores que hayan sido siniestrados, así hayan sido reparados.
Si una persona desea acogerse a este beneficio, el Ministerio de Salud tendrá que emitirle una autorización electrónica para la importación de bienes de uso exclusivo de las personas con discapacidad.
El Decreto Presidencial también expone dos transitorias. La primera establece que será el Comité de Comercio Exterior, el que dispondrá la exigencia de la autorización electrónica para la importación de bienes y vehículos de uso exclusivo de las personas con discapacidad emitida por el Ministerio de Salud, “como documento de soporte obligatorio en los procesos de comercio internacional”.
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La segunda transitoria dispone a la Agencia Nacional de Tránsito la implementación de una placa diferenciada para los vehículos que estén destinados al uso o beneficio particular o colectivo, de personas con discapacidad.
Por otro lado, hoy la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, exigió que se apliquen las sanciones máximas a las personas responsables de la red de corrupción instaurada en los centros de salud del Ministerio de Salud Pública que a la fecha se encuentran en procesos de investigación penal, servidores públicos quienes han usufructuado del otorgamiento de carnés de discapacidad sin el cumplimiento de los requisitos que la ley determina.
La Comisión además, investigará la obtención de carnés entregados a los asambleístas y sus cónyuges a partir del año 2013, fecha en el que el Ministerio de Salud asumió la competencia según la Ley Orgánica de Discapacidades.