¿A qué se enfrenta Lenín Moreno tras acusación de supuestos crímenes de lesa humanidad?
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Una pena de 26 años de cárcel podría tener el presidente Lenín Moreno y siete de sus funcionarios y exfuncionarios, si se comprueban delitos de lesa humanidad en el paro de octubre de 2019. Al menos eso piensa el Defensor del Pueblo Freddy Carrión, quien interpuso esta denuncia en la Fiscalía, con base en el informe de la Comisión de la Verdad y Justicia.
¿Es posible? El informe detalla seis casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales; además de otras personas heridas física y psicológicamente, algunas que perdieron sus ojos por el impacto de perdigones, entre otros abusos de la fuerza pública. Todo esto, dicen los comisionados, debe investigarse y podría configurar un elemento de “ataque generalizado” a la población civil, lo que conduciría a un posible crimen de lesa humanidad.
Si embargo, varios juristas discrepan de esta posición. El delito de lesa humanidad, según el Código Integral Penal (Coip), tiene que ver con ataques generalizados y sistemáticos de ejecuciones extrajudiciales, esclavitud, desplazamientos forzados, tortura, violación sexual, prostitución forzada, desapariciones, entre otros. Y esto es parte del Estatuto de Roma, un instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, que fue adoptado en 1998 para juzgar los mayores crímenes de la humanidad.
Bajo este orden hay algunos ejemplos: el crimen del Aparthied en Sudáfrica, la limpieza étnica en la ex Yugoslavia, el genocidio en Ruanda, entre otros casos que tienen connotaciones muy diferentes en relación a la represión del paro de octubre de 2019, en Ecuador.
“No toda violación a los derechos humanos que implica la existencia de múltiples víctimas puede considerarse como un delito de lesa humanidad. Dejemos de vulgarizar los delitos del Estatuto de Roma”, escribió en su cuenta de Twitter María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia.
Esto no significa que no deban investigarse las denuncias que presenta el informe de la Comisión de la Defensoría del Pueblo, como violaciones a los derechos humanos, recalca Miño. Pero jurídicamente no podría ser calificado como lesa humanidad.
En la misma línea, Felipe Rodríguez, PhD en Derecho Penal, dice que el Estatuto de Roma es claro y que no se puede aplicar a cualquier caso. Por eso, rara vez es aplicable, pero con frecuencia es usado mediáticamente.
Además del presidente Moreno, están acusados al Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín; la exministra de Gobierno, María Paula Romo; y cinco elementos de la Policía. En un comunicado, Jarrín defendió la actuación de las Fuerzas Armadas en octubre de 2019 y calificó al informe de “infame”. El Defensor del Pueblo quiere ir con todo: en su denuncia pidió la prohibición de salida del país para todos estos funcionarios.
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