Reforma al IESS: Fondo de jubilación en riesgo de implosión
Frente a un aumento progresivo del número de jubilados y, en cambio, una disminución de los aportantes registrados, el Gobierno busca una manera de revertir el camino previsto del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social hacia una implosión.
Si algo tienen en común León Febres-Cordero y Rafael Correa es que los dos contribuyeron al deterioro del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS) cuando quitaron la aportación estatal del 40 por ciento de las pensiones jubilares. El uno en 1985 y, el otro, en 2015. Esto demuestra que el problema no es de ayer, y no importa la ideología de los gobiernos; todos han contribuido al mal manejo y descalabro de la institución más grande del país. Desde hace décadas se sabe que los sistemas de pensiones son insostenibles por sí solos, en la medida en que cada vez aumenta el número de jubilados y se reduce el de aportantes.
El sistema ecuatoriano es de reparto: las contribuciones mensuales de los 3,5 millones de trabajadores que están actualmente afiliados al IESS se destinan para pagar las jubilaciones de los más de 600 mil pensionistas. Eso quiere decir que no hay un ahorro individual como en otros sistemas. Para que el fondo de pensiones se mantenga por sí solo requiere que haya al menos ocho aportantes por cada jubilado. Pero hoy existen solo cinco y en unos años serán menos.
El problema no es menor: mientras el año anterior los trabajadores afiliados al IESS contribuyeron con 3.000 millones de dólares al fondo de pensiones, los jubilados cobraron 5.200 millones. Para solventar ese hueco o déficit, se requiere que el Estado contribuya con el 40 por ciento de las pensiones. Y esa no es una idea nueva, se la implantó en 1940, durante el gobierno de Carlos Arroyo del Río, previendo los cambios demográficos: cada vez aumenta la esperanza de vida. Ese aporte sirvió para que el IESS se mantenga estable y genere un fondo para inversiones.
En los momentos en que Febres-Cordero y Correa retiraron el aporte, el IESS ha tenido que echar mano de la reserva, que en 2016 era de más de 9.000 millones de dólares y ahora es poco más de 6.000 millones. Aunque en 2018 la Corte Constitucional exigió resarcir el aporte estatal, este será insostenible, ya que, si sigue disminuyendo el número de aportantes y aumentado el de jubilados, el hueco por tapar será cada vez más grande. Es una bomba de tiempo. Es posible que para 2027 o antes el IESS se haya comido todas las reservas. ¿Qué quedaría? Pagar a los jubilados la mitad de sus pensiones o a través de bonos del Estado o cualquier “papelito”. ¿Se puede evitar?
¿Cómo evitar la implosión?
Sería ideal que el IESS tenga más afiliados. Pero una parte de los más de cuatro millones de personas que viven de empleos “informales” no quiere hacerlo. A unos no les alcanza ni siquiera para solventar la canasta básica. Otros, que tienen condiciones, no ven la ventaja. Adriana tiene 31 años y es dueña de una tienda de productos de limpieza. Le va relativamente bien, está pensando en sus años de vejez y quisiera tener una jubilación. “Pero ¿cómo voy a pagar 100 dólares mensuales o más si no puedo acceder a los hospitales del IESS porque todos están saturados o no tienen medicinas? ¿O cómo puedo estar segura que recibiré mi pensión cuando me jubile si dicen que esto se va a acabar?”, cuestiona la joven. Dice que lo sigue analizando, que quizá ella misma genere su propio fondo de ahorros o contrate un seguro privado.
Lo mismo piensan miles de abogados, contadores, ingenieros, médicos y otros especialistas que prestan su servicio bajo factura. Nadie confía en el manejo del IESS. “Se requieren cambios para fortalecer la confianza y brindar servicios de calidad. Eso puede ayudar a que se entienda mejor una reforma y que más gente se afilie”, dice Patricia Borja, especialista en temas de seguridad social y autora del libro “La descapitalización del fondo de pensiones del IESS vs. el derecho de los afiliados”. Explica que, mientras tengamos cada mes un nuevo escándalo de corrupción por el manejo de los hospitales del IESS, por ejemplo, la gente no querrá confiar su dinero.
Por otro lado, Borja cree que mientras no se pongan perfiles técnicos a cargo del Consejo Directivo del IESS, la institución seguirá siendo politizada por el gobierno de turno. En la administración de Guillermo Lasso, por ejemplo, han pasado tres personas por ese puesto. Durante el gobierno de Correa, ese cargo fue ocupado por Ramiro González, quien utilizó al IESS como plataforma para armar su partido político Avanza; ahora está prófugo en Perú. La despolitización, el manejo técnico y responsable, y servicios de calidad servirían de incentivo para que más gente se afilie. Pero con la clase política que tenemos, eso está muy lejos de hacerse realidad. ¿La batalla está perdida?
Desde hace años, hay varios informes del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo que han alertado sobre la crisis del IESS y las reformas que requiere. Pero en un país de urgencias económicas e incendios políticos cada dos por tres, la Seguridad Social es lo que menos importa. En enero de este año, el gobierno de Lasso conformó una Comisión, a cargo del economista Augusto de la Torre. Ese trabajo terminó a inicios de julio y la propuesta está lista.
Los problemas del fondo
Todos saben que hay dos opciones sencillas, pero drásticas. La primera: elevar la edad mínima de jubilación. En Uruguay se elevó la edad de 60 a 65 en abril pasado. En Francia también se aumentó de 62 a 64 años, lo que ocasionó intensas protestas. En Ecuador, donde los políticos no se ponen de acuerdo en lo más mínimo, sería inviable. Además, la Corte Constitucional podría catalogarlo como regresión de derechos. La segunda opción es subir los montos de aportación, pero ni empleadores ni empleados estarían de acuerdo en contribuir más, sobre todo si no hay un manejo técnico y transparente. De la Torre dice que no se tocará ni la edad ni los aportes. ¿Entonces, cuál es la receta?
La Comisión ha detectado varios problemas. Por ejemplo, hay personas que se afilian al IESS cuando tienen 60 años, aportan por 10 años y se retiran a los 70. Por si fuera poco, esas personas registran sueldos de unos 2.000 dólares, para asegurarse una pensión alta, ya que se computa los cinco mejores años. Y cada vez estos casos se multiplican. Eso no parece justo con las personas que han aportado 30 o más años, mucho menos con los afiliados que ganan el sueldo básico y son la mayoría. Para ellos, no importa que se calculen los cinco mejores años porque, por lo general, un obrero no tiene ascensos. Una medida de equidad que plantea la Comisión es que se incrementen los años de aportación y el rango de años para calcular la pensión. Aunque si bien no se incrementa la edad mínima sí los años de aporte, lo que implica que menos personas puedan retirarse a los 60 años de edad.
Otro punto medular es que el sistema es más generoso con quienes más ganan. Si el Estado aporta el 40 por ciento del fondo de pensiones, quiere decir que subsidia el 40 por ciento del sueldo de cada jubilado. Es decir, si un jubilado cobra 500 dólares mensuales, recibe un subsidio de 200. Pero para alguien que cobra 2.000 dólares, el subsidio es de 800. Por eso, se plantea que haya una pensión básica de unos 200 o 300 dólares para todos, a lo que se sumaría un monto calculado sobre la base de los años de aportes y otros parámetros. Esto beneficiaría a quienes menos ganan.
Las reformas, dice Augusto de la Torre, serán graduales y tomarán hasta 30 años. No afectarían las pensiones de quienes ya están jubilados. La idea implica también medidas para despolitizar el manejo del fondo de pensiones e implantar mecanismos para que los independientes se afilien. Lo que hay que entender es que esto no tocará al fondo de salud del IESS. Eso dependerá de un futuro planteamiento. Tampoco toca los seguros del ISSFA (Fuerzas Armadas) ni ISSPOL (Policía).
Lea también: Dictamen acusatorio contra diez procesados por peculado en caso ISSPOL
De la teoría a la práctica
La Comisión presentó su receta de reformas al presidente Lasso a inicios de julio. La idea es que estos planteamientos sean pulidos hasta finales de mes para elaborar un documento final, que se lleve a debate con la sociedad civil durante al menos dos meses. Luego habría dos caminos. Que el gobierno elabore un decreto de ley económico urgente con las reformas, para aprobación de la Corte Constitucional. O, que redacte un proyecto de ley para presentarlo a la próxima Asamblea Nacional. El decreto permitiría que las reformas entren en vigencia inmediatamente, si la Corte no ve ninguna inconstitucionalidad. En la Asamblea podría tomar unos dos o tres años, si no hay una férrea oposición.
“Uno de los problemas es que nuestro sistema es muy generoso y mucha gente ya se acostumbró a ello, por eso los cambios no serán fáciles”, dice Rodrigo Ibarra, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Actuarios y docente universitario. Coincide en que urgen las reformas para ajustar los desequilibrios que se han producido. Explica que cuando la esperanza de vida era menor, el sistema se pensó para que un afiliado aporte durante 30 años y reciba una pensión durante unos 15 años. Ahora, la gente vive unos 25 años después de jubilarse y hay gente que puede retirarse con solo 10 años de aportes.
Ibarra también llama la atención sobre otros rubros que tienen que contemplarse en la discusión: hay cerca de 4.000 millones de dólares que el Estado debe al IESS por concepto de contribuciones atrasadas del 40 por ciento de pensiones. Y hay otros 3.000 millones de dólares de empleadores que están en mora. Esto, si solo hablamos del fondo de pensiones; el fondo de salud es otro monstruo de mil cabezas que también requiere discusión y reformas.
La Comisión ha sacado su receta para el debate. La campaña política debería tomar al menos parte de esta discusión. Es verdad que el fondo aguanta unos años más, pero las reformas deben hacerse antes que se acabe la plata para pagar las jubilaciones.
"Hay un sacrificio para la gente de más altos ingresos"
Augusto de La Torre, coordinador de la Comisión de Reformas, dice que este tema es tan complejo que necesita de una discusión cívica. Por eso confía que se abra un sano debate durante al menos dos meses. No descarta que algunos planteamientos se puedan modificar en el camino. Está seguro de que servirá para darle sostenibilidad y equidad al sistema de pensiones.
“La reforma permitirá que los afiliados de ingresos bajos mantengan casi las mismas pensiones que tienen en el sistema actual. Eso significa que se bajará el beneficio para los afiliados de ingresos medios y altos. Necesitamos ver cómo resolvemos eso sin que implique mayores contribuciones y más sacrificio del Estado.
Según las estimaciones demográficas, en 2080 vamos a tener un aportante por cada jubilado. En 2012 teníamos casi 10 aportantes. Esto es imparable. Es como una tiranía de la demografía. Entonces, no queda otro remedio que vacunarte contra el cambio demográfico.
Hemos conversado con unas 30 organizaciones de la sociedad civil en Quito, Guayaquil y Cuenca: académicos, analistas, juristas, grupos de mujeres, gremios y cámaras, representantes de los jubilados. Lamentablemente no hemos podido reunirnos con los grupos de sindicalistas porque no han querido. Hemos trabajado con asistencia técnica del BID y del Banco Mundial.
.png)
