Gobierno ordena que se exija el certificado de antecedentes penales a extranjeros en las fronteras
Por medio de un acuerdo ministerial, el Gobierno Nacional dispuso este jueves que se exija el certificado de antecedentes penales a ciudadanos extranjeros en las fronteras de Perú y Colombia.
En un comunicado, el Ministerio del Interior precisó que la medida será adoptada "mientras dure el estado de emergencia y reconocimiento del conflicto armado interno, con el fin de evitar y controlar el ingreso de individuos que constituyan una amenaza".
La Subsecretaría de Migración y organismos encargados de efectuar el control migratorio requerirán a los ciudadanos extranjeros que arriben a las fronteras referidas la presentación del certificado de antecedentes penales de su país de origen.
"Los niños, niñas y adolescentes acompañados de un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad estarán exentos de este requisito", precisó la cartera de Estado.
El miércoles, el presidente Daniel Noboa aseveró que su país se encuentra en estado de guerra tras las acciones violentas protagonizadas por bandas del crimen organizado que lo llevaron a declarar el conflicto armado interno, y anticipó que no piensa negociar ni ceder ante estos grupos.
"Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos terroristas", señaló Noboa en la que fue su primera intervención pública desde el estallido de esta crisis de inseguridad.
Esta crisis inició con la fuga de la cárcel de Adolfo Macías 'Fito', líder de la banda criminal 'Los Choneros', antes de que fuera a ser trasladado y aislado en una cárcel de máxima seguridad.
La tensión se mantiene en Ecuador tras una serie de motines en cárceles y el estallido de vehículos, el secuestro de policías, la retención de funcionarios penitenciarios en distintas cárceles, e incluso la incursión armada en un canal de televisión el pasado martes, que terminó con 13 detenidos.
Estos hechos, atribuidos a bandas criminales, se suscitan cuando el Gobierno del presidente Daniel Noboa se disponía a poner en marcha su plan para recuperar el control de las cárceles ecuatorianas, muchas de ellas dominadas internamente por grupos de delincuencia organizada.
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