Así lo decidió en una sesión convocada para debatir y aprobar el calendario para la consulta popular y referendo constitucional, tras los dictámenes de la Corte Constitucional que dieron paso a once preguntas, de las que cinco implican reformas a la carta magna.
Entre los asuntos que se votarán está la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía contra el crimen organizado, permitir la extradición de ecuatorianos, instaurar juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales y flexibilizar el mercado laboral con contratos temporales y por horas.
El proceso también incluye seis preguntas sobre seguridad y acción contra el crimen.
Noboa, quien asumió el poder el pasado 23 de noviembre, ofreció en campaña electoral una consulta por temas de seguridad y la impulsó tras asumir el poder bajo el paraguas de la lucha contra las bandas del crimen organizado que habían desatado una espiral de violencia en las cárceles del país, ahora a cargo de los militares.
Ante este escenario, el gobernante declaró un estado de excepción y decretó el 'conflicto armado interno', con el que pasó a considerar a 22 bandas criminales como grupos terroristas y permitió utilizar a las Fuerzas Armadas para que apoyen a la Policía en las operaciones contra estas mafias.
Entre las seis preguntas sobre seguridad que no implican cambios en la Constitución está también la de permitir que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios de manera permanente en el ingreso a las cárceles.
Lea también: El presidente Daniel Noboa convoca a consulta popular sobre seguridad, justicia, inversión y empleo
Asimismo, los ecuatorianos votarán si quieren reformar el código penal para elevar las penas a los delitos de terrorismo y su financiación, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, sicariato (asesinato por encargo), trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y minería ilegal.
También se consultará para eliminar los beneficios penitenciarios a los condenados por delitos de financiación del terrorismo, reclutamiento de niños y adolescentes con fines delictivos, secuestro extorsivo, narcotráfico, minería ilegal, tenencia ilegal de armas, extorsión, tráfico de influencias y testaferrismo, entre otros delitos.
Otra pregunta concierne a tipificar el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
Por otra parte, los ecuatorianos también decidirán si quieren permitir que el armamento incautado a las bandas criminales o delincuentes se destine de manera inmediata para el uso de la Policía y de las Fuerzas Armadas, así como simplificar el procedimiento de incautación por parte del Estado de bienes de origen ilícito o injustificado.
Este plebiscito se celebrará a menos de un año de las nuevas elecciones generales de Ecuador, cuya primera vuelta está prevista para el 9 de febrero de 2025 y la segunda vuelta, en caso de requerirse, será el 13 de abril de 2025.
Algunas de las preguntas planteadas por Noboa en esta consulta popular ya recibieron una respuesta negativa en el plebiscito que impulsó el año pasado su predecesor, Guillermo Lasso (2021-2023), que recibió un revés en los ocho asuntos puestos al voto, entre ellos la extradición de ecuatorianos y el apoyo de los militares a la Policía contra el crimen organizado.
.png)
