La justicia se pronunció. En diciembre de 2022, dos jueces dictaminaron que un grupo de personas acusadas de apoyar la logística para el tráfico de drogas eran inocentes. Pero todo cambió el último día de febrero de 2024. La Sala Penal de la Corte Provincial de Manabí determinó que 17 de los 18 procesados son culpables. Quince fueron señalados como autores o coautores, y sentenciados a 16 años de prisión. Dos, en cambio, fueron hallados cómplices, y condenados a nueve años.
Es uno de los casos controversiales de los últimos tiempos, porque dejó en entredicho la actuación judicial.
Bautizado Poseidón o Pangueros Locos, el caso demandó una investigación de un año y medio. Se trataba de tres estructuras dedicadas al envío de cocaína por vía marítima hacia México y Estados Unidos. Los primeros indicios fueron detectados en agosto de 2020: apuntaban a que unas 20 toneladas de droga se habían enviado en los dos años previos, a través del Pacifico.
Con la colaboración de tres Asistencias Penales Internacionales, la justicia de Estados Unidos compartió análisis químicos de toneladas de droga incautadas por guardacostas de ese país; nombres y apellidos de aprehendidos; fotografías de los procedimientos; evidencias halladas en las narcoembarcaciones, incluyendo las características de los teléfonos satelitales. En suma, la investigación transnacional permitió documentar las comunicaciones entre capitanes y dueños de buques, para fijar “las coordenadas, los días y las horas para abastecer de combustible a las lanchas que transportaban la droga”.
Dos ciudadanos ecuatorianos fueron extraditados de España hacia Estados Unidos, en el contexto de este proceso penal. Según los investigadores, las lanchas abastecían de combustibles y otros medios logísticos en apoyo a narcoembarcaciones.
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El 27 de octubre de 2021, en un operativo policial transnacional, apoyado por agencias de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional de ese país, fueron detenidas varias embarcaciones. Para sustentar la acusación, un agente estadounidense rindió versión durante seis horas y media en el contexto del proceso judicial.
Lo sorprendente ocurrió a fines de 2022. Dos de los tres jueces no hallaron méritos en la acusación. Dictaminaron la inocencia de los procesados.
Sin embargo, tanto Fiscalía como la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales (UNIDT-DIGIN), presentaron un recurso de apelación de la sentencia que confirmaba el estado de inocencia de los 18 procesados.
El 29 de febrero de 2024, el Tribunal de Garantías Penales de Manta aceptó el recurso de apelación y sentenció a los responsables conforme al artículo 221 del COIP. En él, se tipifica como delito las actividades de organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas, sujetas a fiscalización.
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