En una rueda de prensa, el ministro del Interior, Juan Zapata, detalló que entre los elementos privados de su libertad hay 50 guardias y 7 policías.
En redes sociales se hizo viral un vídeo grabado presuntamente desde dentro de la cárcel de El Turi, aparentemente, por parte de los policías y guardias carcelarios retenidos donde hacen un llamado al Gobierno para encontrar una solución que permita su liberación.
En esta grabación, uno de los portavoces, que se identifica como el teniente de Policía Alonso Quintana, solicitó al Ejecutivo que "no tomen decisiones que atenten contra los derechos humanos de las personas privadas de libertad", mientras que otra persona, con el uniforme de los guardias penitenciarios, dice que son unos 30 funcionarios de prisiones en esta situación.
Alrededor de la cárcel de El Turi hay desplegados 400 militares y 200 policías que desde el miércoles permanecen sin ingresar al interior del recinto.
"Estamos preocupados por la seguridad de nuestros funcionarios, tanto policías como agentes penitenciarios", reconoció Zapata, quien afirmó que las autoridades manejan una línea de acción para salvaguardar la integridad de los retenidos, si bien dijo que no podía revelarla por seguridad.
El motín en la cárcel de El Turi, denominada oficialmente como Centro de Privación de Libertad Número 1, se inició como protesta contra la intervención que la Policía y las Fuerzas Armadas realizaron el miércoles a la cárcel de Latacunga, de la provincia andina de Cotopaxi.
Simultáneamente también se reportó otro motín en la cárcel de Azogues, capital de la provincia de Cañar, colindante con Azuay, sin que de momento las autoridades haya señalado que existan personas retenidas por los presos en su interior.
El operativo en la prisión de Latacunga buscaba requisar armas en poder de los presos, lo que dio como resultado la incautación de 49 armas blancas, dos chalecos antibalas, una munición, 85 dólares, trece galones (49,2 litros) de alcohol artesanal, 39 terminales móviles, cinco chips de telefonía y cuatro tarjetas micro SD adicionales.
La intervención en Latacunga se sumó a otras similares realizadas en semanas anteriores en el complejo penitenciario de Guayas, un conjunto de cinco prisiones que albergan a unas 12.300 personas, donde se halló un arsenal de guerra compuesto por fusiles, granadas, lanzagranadas, explosivos y miles de balas, entre otros objetos prohibidos.
El objetivo de estas requisas es desarmar a las bandas criminales que controlan internamente los centros carcelarios de Ecuador y detener la serie de masacres por enfrentamientos entre estos grupos que han dejado más de 400 presos asesinados desde 2020.