Ser político LGBTI+ en Ecuador: la intrincada lucha que pocos alcanzan
Tres funcionarios actuales de identidad sexogenérica relatan su llegada hasta cargos públicos. Hay una sola representante en la Asamblea, lo que inevitablemente despierta la duda: ¿Ecuador realmente es incluyente en materia de diversidad?
A Víctor García le dijeron que estaba enfermo y se lo creyó. Su autoestima flaqueó. Identificarse con el género no binario —ni hombre ni mujer— lo convirtió en una etiqueta. Por lo tanto, alcanzar el puesto de director nacional de Impulso Joven no fue algo que visibilizó, especialmente, porque en el pasado su orientación sexual había servido para desmerecer sus capacidades profesionales.
Antes de ganarse una beca para estudiar en Italia, la carga de ser diverso en un país que discrimina ya lo había lastimado. Él quería irse. “Me abracé fuerte y me valí de mi inteligencia para ganarme la beca al exterior. Luego del machismo y la homofobia que viví, solo sentí que debía alejarme por un tiempo”, relata.
Cuando regresó de Europa, ni siquiera la preparación profesional lo libró de seguir siendo discriminado. Entró a un programa de docencia, y los directivos de la escuela asignada, en el sur de Guayaquil, dijeron que no querían a “un gay” dentro de la institución. Las ganas de comerse al mundo se le derrumbaron.
La historia de García es solo un reflejo de lo que las diversidades sexogenéricas viven a lo largo de su carrera profesional en Ecuador. Un dato viejo —pero el único oficial— contenido en la primera investigación de Condiciones de Vida, Inclusión Social y Derechos Humanos de la población LGBTI+ del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2013, indica que un 43, 8 % de la población analizada admitió haber sido discriminada en el trabajo, y un 22 % reconoció haber sido violentada.
El actual subsecretario de Derechos Humanos, Felipe Ochoa, también ha sorteado ofensas por su orientación sexual. Desde su adolescencia quiso ser líder. Cuando cursaba la secundaria, decidió postularse para la presidencia del Consejo Estudiantil de su colegio, en el momento de silencio electoral tuvo que recoger todas las pancartas que había colocado para su promoción, pero una de ellas lo golpeó, en su frente habían escrito ‘maricón’.
“Yo no conozco a una sola persona de mi grupo cercano de amigos, de la población LGBTI+, que no haya tenido que realizar una terapia para poder sobrepasar estos procesos”, añade Ochoa.
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En el ámbito gubernamental, la cifra oficial de representantes LGBTI+ (Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) que ocupan cargos públicos decisivos es casi inexistente, confirmaron algunos directores de comunicación ministeriales. Lo que hay es el registro de hombres y mujeres que tienen acceso a puestos de representación política, porque la Ley los obliga a cumplir con el principio de Paridad de Género.
Otros países de la región como Uruguay y Argentina han dado el ejemplo de inclusión, añadiendo leyes que obligan a la administración pública a contratar personas travestis, transexuales y transgénero. Estos marcos jurídicos ofrecen, además, varios incentivos al sector privado para motivar la contratación de personas LGBTI.
En la Asamblea Nacional de Ecuador tampoco hay un dato oficial, pero se conoce que como resultado de los últimos comicios, Jahiren Noriega de Unión por la Esperanza (UNES), figura como la única representante LGBTI+, con el cargo de asambleísta suplente del principal Christian Pabel Muñoz.
Esta falta de cifras, a decir de Anabel Bilbao-García, investigadora en conflictos sociales y miembro de Fundación Esquel, ha sido uno de los motivos por los que no se ha logrado una participación adecuada de las diversidades sexo-genéricas, que ha derivado en deudas en cuanto al desarrollo de políticas públicas inclusivas.
“Generalmente, cuando se habla de diversidades sexogenéricas el enfoque es de inclusión, que está bien, pero también hay que hablar de justicia de género. (...) Además, cuando se quiere investigar, la información más actualizada está en el 2013, y el Consejo Nacional Electoral tampoco te da cuenta del género, de tal manera que no se puede saber cuáles son los niveles de participación política de esta población”, explica.
Además, asegura que, tanto en los códigos de ética como en los manuales que regulan el funcionamiento de las organizaciones políticas (que es de dónde surgen la mayoría de autoridades), muchos de estos documentos no dan cuenta del lenguaje inclusivo y tampoco tienen políticas afirmativas para impulsar de manera sostenida candidaturas de la sociedad LGBTI.
Jairon Merchán Haz, secretario nacional de Planificación, afirma —al igual que lo hacen García y Ochoa— que hasta ahora dentro del Gobierno se ha respetado su orientación sexual y capacidad profesional, aunque admite que todavía hay pendientes —y en esto coincide con Bilbabo-García— como recabar cifras sobre las condiciones de vida de la población LGBTI+ en Ecuador.
Al respecto, Merchán adelanta que, desde su cartera, se está trabajando con el INEC para que en el próximo censo nacional y encuestas de condiciones de vida se incluya la variable de identificación de los géneros diversos. “Si no tenemos esos datos, se nos hará muy difícil detectar si estamos llegando a la meta de inclusión”, confiesa.
Jorge Medranda, coordinador de Protección de Derechos de Diálogo Diverso, recuerda que, en 2019, el Gobierno de Lenín Moreno ya hizo un acercamiento con el colectivo al que pertenece para incluir a la población LGBTI en las cifras del INEC, sin embargo, señala que por falta de voluntad política y la pandemia, aquello se frenó.
“Si ahora el INEC tiene nuevamente esta intención es importante que se pida la participación de todas las organizaciones LGBTI del país: Tener esa data es primordial para poder diseñar la ley conforme la vida diaria”, sostiene.
PENDIENTES EN MATERIA LEGAL
El máximo organismo constitucional ha emitido algunas sentencias relacionadas a los derechos de la población LGBTI+, aunque en el legislativo, todas siguen en el banquillo de los rezagados. Estas son:
Caso Bruno Paolo: se trata de un hombre trans que en 2018 consiguió el reconocimiento legal de su identidad sexual. Sin embargo, hasta la actualidad, el poder legislativo ha incumplido la orden de la justicia de reformar la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles, al Código Civil y al Código de Trabajo, para que la sentencia pueda ejecutarse.
Caso Satya: esta sentencia obliga al Estado a la filiación de hijos de parejas del mismo género, pero al igual que la sentencia anterior, la Asamblea la ha ignorado.
Matrimonio igualitario: pese que a centenas de personas del mismo sexo ya han logrado casarse, el legislativo tampoco ha modificado los textos legales que hablan sobre matrimonio, para que no se hable de la unión de un hombre y una mujer, sino de personas.
Según Medranda, además, en materia legal queda pendiente la aprobación de una política pública LGBTI+, que articule los textos legales con la vida práctica. Pese a que ya se redactó un documento de este tipo en el Gobierno de Rafael Correa, este no fue aprobado ni en ese Gobierno ni en el de Moreno.
“La Constitución ya habla de la no discriminación de género, pero no existe algo que nos diga cómo se aplica esto en la educación, en el trabajo, etc. Se necesita un reglamento que diga cómo debe funcionar”, señala.
37 CANDIDATURAS LGBTI+ EN 15 AÑOS Y 4 PARTIDOS COMPROMETIDOS CON LA PARTICIPACIÓN DIVERSA
De acuerdo con el estudio ‘La Participación LGBTI en Ecuador: entre el reconocimiento y la representación’, realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH, en 15 años, ha habido solo 37 candidaturas políticas LGBTI+, además, se detecta que solo cuatro partidos políticos presentan documentos fundamentales para la inclusión de la diversidad en sus filas.
“Se analizó los planes de Gobierno de los partidos y se los dividió, entre aquellos que no hablan nada de derechos, por suerte no hay ninguno; aquellos que hablan de derechos humanos muy en el aire, que es en el que están la mayoría de partidos; partidos que incorporan también lenguaje género sensible y dan cuenta de brechas de género y demás; y los que muestran un compromiso con la participación política de las diversidades sexo-genéricas, que son solo cuatro”, expone Bilbao-García, miembro del equipo de esta investigación.
Entre estos últimos no está el partido del actual gobernante, Guillermo Lasso, apunta. Explica que el plan de CREO se enmarcó entre aquellos que únicamente consideraron el tema de derechos humanos, aunque reconoce que hubo una mejoría en segunda vuelta. Cuando se revele la investigación, se podrá saber más detalles sobre las carencias en materia de derechos LGBTI de los partidos, argumenta.
Entre otros hallazgos principales, la investigación muestra una escasa referencia en medios de comunicación, la falta de información estadística de agencias estatales, y poca investigación y estudios diversos sobre la participación política.
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LA PRIMERA MUJER TRANS EN LA ASAMBLEA
Ser transgénero en una sociedad homofóbica es lo más difícil de llevar dentro del rango de las diversidades, dice Diane Rodríguez, exasambleísta alterna.
Durante sus días en la asamblea sufrió desde la prohibición de entradas al baño de mujeres, hasta la burla de otros asambleístas por la presentación de proyectos de ley relacionados con la defensa de los derechos LGBTI+. “Todos los proyectos que estaba haciendo con la Federación (Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI) estaban siendo bloqueados. Por eso renuncié”, asegura.
Además, cuenta que en su primer movimiento político 'Ruptura de los 25', fue utilizada como un instrumento para cumplir con la cuota de inclusión dentro de la organización.
Efraín Soria, coordinador de la fundación Equidad, concuerda con Rodríguez en el problema de la instrumentalización de las candidaturas LGBTI+.
“Muchas veces sucede que los partidos ni siquiera miran la ideología y las propuestas de las personas, si es de izquierda o de derecha, porque lo único que les importa es tener a alguien que sea LGBTI”, explica Soria.
Ante la escasa representación política de esta población en Ecuador, el Estado tiene una deuda pendiente que deberá resolver pronto y en línea con los tratados internacionales suscritos que exigen una inclusión transparente, para generar políticas que atiendan a estas minorías históricamente castigadas y discriminadas.
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