Seguridad y empleo, estas son las nuevas preguntas que sumó el Gobierno a la consulta popular
Tres nuevas preguntas fueron enviadas este lunes por el Gobierno del presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional (CC) como parte de la lista que conforma la consulta popular planteada.
Según ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dos de las tres preguntas están enfocadas en seguridad. Una de estas, busca regular el destino de los bienes decomisados en actividades ilegales y la otra pretende tipificar la extorsión en el esquema de crimen organizado.
La tercera pregunta tiene que ver con el acceso al empleo para personas mayores de 45 años. Se trata de un incentivo tributario para las empresas que contraten personas de esa edad o más, acotó Jiménez.
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De acuerdo con el Gobierno, estás tres preguntas responden a un proceso de diálogo con la ciudadanía. "Esta consulta es de los ciudadanos no de los políticos, por eso hemos escuchado sus requerimientos y enviamos 3 nuevas preguntas a la Corte Constitucional", señaló Lasso en su cuenta de Twitter
LAS TRES NUEVAS PREGUNTAS SON:
1. ¿Está usted de acuerdo con destinar los valores comisados de las infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia?
2. ¿Está de acuerdo en tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada, para que se sancione con pena privativa de libertad de 7 a diez años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada?
3. ¿Está de acuerdo con brindar una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto a la Renta para quienes emplean a personas de 45 años o más?
Estas tres nuevas preguntas se sumarían a las ocho preguntas ya conocidas que tienen luz verde para tratarse vía enmienda.
Entre las preguntas ya aprobadas para que vayan a la consulta están otros temas de seguridad como la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos de crimen organizado transnacional.
Mientras que otra se refiere a la autonomía de la Fiscalía General del Estado (FGE), respecto al poder Judicial.
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