Proyecto urgente de Desarrollo Económico pasa primer debate con observaciones del pleno
El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19.
.png)
El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica.
El asambleísta Francisco Jiménez, ponente del informe preparado por la Comisión de Desarrollo Económico, recordó que la pandemia causó un impacto macroeconómico equivalente a una contracción de entre el 7,3% y 10,9% del PIB. “El nuevo gobierno heredó un déficit fiscal de 7 mil millones de dólares que se viene arrastrando desde el año 2009, es decir, durante 13 años el Estado ha gastado más de lo que le ingresa anualmente, a pesar de haber gozado de una bonanza petrolera”, afirmó.
Ejes principales del proyecto
Jiménez destacó los elementos esenciales del proyecto, entre ellos: la contribución especial única temporal sobre grandes patrimonios y ciertas sociedades para impulsar la economía nacional. Precisó que menos de 6 mil personas naturales (0,07%) de la población económicamente activa, pagará esta contribución en 2022. “Ningún contribuyente con un patrimonio menor a 1 millón de dólares, ni menor a 2 millones en sociedad conyugal, deberá pagar”, explicó.
Respecto de las sociedades señaló que, por dos años, las mayores empresas del país (patrimonio mayor a 4 millones de dólares) pagarán una contribución especial, que la pagarán menos de 2.300 empresas, es decir, el 3,1% de aquellas que declararon renta en año 2020.
En cuanto al Impuesto a la Renta de personas naturales informó que se elimina la deducción de gastos personales y en su lugar las personas naturales gozarán de una rebaja del Impuesto causado por sus gastos personales.
En este marco, dijo que la mesa legislativa realizó cambios al proyecto, entre ellos: la tabla de ajuste en rangos para ingresos anuales a partir de 31.630 dólares y nuevo tramo con tasa de 37% para aquellos que ganen sobre los 100.000 dólares. El límite de gastos personales se fijó en 10.000 dólares para deducción del impuesto causado según nivel de ingreso. Precisó que quienes ganen hasta 2.500 dólares al mes no tendrán ningún impacto con esta reforma.
Además, Jiménez explicó que tendrán tarifa 0% del IVA los paneles solares, vehículos eléctricos, híbridos, pañales, toallas sanitarias, copas menstruales, mascarillas, oxímetros y gel antibacterial; importación de combustibles derivados de hidrocarburos, biocombustibles y gas natural; el arrendamiento de tierras destinadas a uso agropecuario; y, los servicios de alojamiento de turistas extranjeros.
También precisó que se elimina el ICE para planes de telefonía móvil de personas y empresas, videojuegos, calefones y sistemas de calentamiento de agua de uso doméstico que funcionan mediante combustión de gas y se crea una nueva visión de cobro del ICE por litro de alcohol, pues se estableció el 13.08 dólares para cervezas industriales, 10 dólares para otras bebidas alcohólicas y 1.5 dólares para cervezas artesanales.
Debate
Sobre la base del informe preparado por la Comisión de Desarrollo Económico, los asambleístas de las diferentes bancadas expresaron sus posturas en torno a la propuesta del gobierno, y plantearon algunas observaciones para que sean recogidas por la mesa legislativa en su análisis previo al segundo debate.
El debate registró 21 intervenciones. En la bancada de Pachakutik destacaron su preocupación por las disposiciones de los artículos 15 al 28 del proyecto. Según esta bancada, con eso se abriría la puerta para un ingreso indiscriminado de recursos, inclusive de origen ilícito, por lo que pidieron se excluya dicho articulado en el texto definitivo.
Para los legisladores de la Izquierda Democrática, es importante hacer un esfuerzo para contribuir al financiamiento para el Estado, considerando los desequilibrios en la caja fiscal; sin embargo, se insistió en que el pago del Impuesto a la Renta propuesto en la normativa debería partir de las personas que ganan más de 3.500 dólares mensuales, a fin de evitar un mayor perjuicio para la clase media.
Mientras, en las filas del Partido Social Cristiano se hizo hincapié en el compromiso del actual Gobierno expresado en la campaña electoral, en el sentido de buscar alternativas que permitan la reactivación de la economía y la creación de empleo, sin crear nuevos tributos.
Para los representantes de la bancada Unión por la Esperanza la propuesta no se compadece con la realidad del Ecuador y hay motivos para considerar que este proyecto de ley reflejaría la existencia de conflictos de interés, ya que la mirada está puesta en la clase media y no en los grupos económicos más poderosos, quienes deberían contribuir con más recursos para el desarrollo nacional.
Entre tanto, asambleístas de la Bancada Acuerdo Nacional reiteraron que el proyecto de ley afecta únicamente al 3% de la Población Económicamente Activa (PEA), que es el segmento que más ingresos tiene. Añadieron que los problemas que hoy afronta el país son consecuencia de las malas decisiones tomadas durante 14 años, acciones que debilitaron la economía y le restaron al fisco su capacidad de ahorro e inversión.
¿Cuáles son los principales cambios que plantea la reforma tributaria propuesta por el Gobierno?
De conformidad con lo previsto en el Art. 62, inciso 2º de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, transcurrido el plazo de cuatro días, contado a partir del cierre de la sesión del Pleno, la comisión especializada presentará a la Presidenta de la Asamblea el informe para segundo debate, al que deberá adjuntarse la sistematización de todas las observaciones presentadas.
El proyecto en mención, que busca recaudar unos 1.900 millones en los dos primeros años, fue enviado al Legislativo luego de que el presidente Guillermo Lasso decidió dividir la denominada ‘Ley de Creación de Oportunidades’ en tres partes: reformas tributarias, laborales e inversión.
La Asamblea deberá pronunciarse hasta el 28 de noviembre sobre este proyecto, de lo contrario pasa al Ministerio de Ley.
