La Procuraduría General del Estado informó este viernes del embargo de las cuentas de los sentenciados en el caso de corrupción Sobornos 2012-2016, entre los que se encuentran el expresidente Rafael Correa y quien fuera su vicepresidente, Jorge Glas.
En un mensaje por redes sociales notificó que "ejecutada esta acción", solicitará ahora "al Tribunal de Ejecución que disponga el embargo de los bienes registrados a nombre de los condenados", refiriéndose a los "bienes muebles e inmuebles".
Y en un comunicado explica que la decisión fue adoptada por los jueces Walter Macías, Marco Rodríguez y Luis Rojas.
En el caso Sobornos 2012-2016, una trama de financiación irregular del movimiento Alianza País desde las más altas instancias de la Presidencia de Correa, acusación que él niega tajantemente, fueron sentenciados en 2020 una veintena de personas por distintos delitos, entre ellas Correa y Glas por el de cohecho.
El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) impuso una condena de ocho años de cárcel a los autores mediatos y coautores, y una indemnización al Estado por un valor global de 14,7 millones de dólares, repartidos en distinta medida entre los sentenciados, según su grado de participación en el delito: autores o coautores.
Se trata de un dinero que debe llegar a las arcas nacionales, aunque no está claro si en las cuentas embargadas hay disponibilidad de las sumas demandadas por la Procuraduría como reparación integral por daños causado al Estado.
Tres de los veinte acusados, todos ellos empresarios, pagaron su reparación de forma voluntaria, en tanto que los demás no lo han hecho hasta ahora.
El expresidente Correa reside en Bélgica desde que dejó el poder en 2017 en manos de su sucesor Lenín Moreno, y al menos dos intentos a través de peticiones por conseguir su repatriación con fines judiciales han resultado infructuosos.
Por su parte, Glas se encuentra en prisión desde 2017 por otro caso de corrupción relacionada con la trama Odebrecht.
Para recuperar el dinero de este tipo de procesos, la Procuraduría creo en 2020 una "Unidad de Recuperación de Activos", con el objetivo, precisa la nota de prensa, de "ejercer el patrocinio de Estado en los procesos de ejecución de las sentencias dictadas en los casos penales por corrupción que involucran a exservidores públicos".
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