Los representantes legales de trece universidades extinguidas durante el gobierno de Rafael Correa presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado, este miércoles 22 de septiembre de 2021.
Entre los involucrados de una presunta delincuencia organizada constan el exmandatario y tres ex funcionarios: el exsecretario de la Administración Pública, Alexis Mera; el ex presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES, Guillaume Long; y el ex presidente del Consejo de Educación Superior, René Ramírez.
Según la denuncia, ellos deben responder por la confiscación de bienes e inmuebles, fondos en efectivo en las cuentas, pasivos y cuentas por cobrar que fueron retenidas "de manera ilegal e inconstitucional".
El presidente de la pre asociación de universidades cerradas, Armando Estrada, argumentó que durante los últimos nueve años ha sido imposible presentar una acción legal "porque se ha manejado el poder institucional para callar a quienes fueran perjudicados por más de $687 millones".
"Existen más de 100 propiedades, entre edificios, terrenos, centros de formación que fueron confiscados, muchas estructuras han sido rematadas. Es necesario que el Ecuador sepa y conozca a profundidad qué hicieron con los recursos materiales porque el perjuicio es millonario", sostuvo Estrada.
Además, pidieron que Fiscalía solicite a Contraloría la copia de los informes de los Exámenes Especiales realizados a las Administraciones Temporales de las Universidades extinguidas.
También plantearon la conformación de una Comisión Especial integrada por expertos en Educación Superior, para que exija los informes y testimonios de los evaluadores.
En su cuenta de Twitter, el expresidente se refirió a la denuncia y se limitó a decir: "tiempos de cambalache".
En agosto pasado, el legislador del Partido Social Cristiano, Luis Almeida, presentó un proyecto de ley para la reapertura de 13 de las 14 universidades cerradas en 2012 por Correa.
El exmandatario, quien ha justificado el cierre de las universidades, también se ha pronunciado en contra de la solicitud de Almeida.
Siete de las instituciones cerradas se encontraban en Pichincha y las otras siete estaban ubicadas en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Morona Santiago y Napo.