Las reformas aprobadas en el referéndum tendrán dos caminos distintos, pues unas entrarán en vigencia cuando se proclamen los resultados oficiales y otras deberán tener un trámite legislativo en la Asamblea Nacional.
Los ecuatorianos aprobaron nueve de las once preguntas que formaban parte de la papeleta, y rechazaron dos en materia económica que buscaban reconocer los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción, para incentivar la llegada de inversiones, y legalizar los contratos de trabajos temporales y por horas, como una vía para crear empleo, especialmente entre la juventud.
Las nueve preguntas donde ganó el 'Sí' contienen reformas para fortalecer el combate al crimen organizado, por el que Noboa declaró el "conflicto armado interno" para enfrentar con mayor dureza la ola de violencia que puso a Ecuador entre los países con más homicidios de Latinoamérica, con unos 45 por cada 100.000 habitantes en 2023.
Tres de las preguntas aprobadas implican enmiendas a la Constitución y el constitucionalista Rafael Oyarte explicó a EFE que su disposición entra en vigor inmediatamente.
Entre estas tres están las que planteaban que las Fuerzas Armadas participen junto a la Policía en las operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de emitir estados de excepción como ocurría hasta ahora.
También aprobaron que se permitan las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países, algo que hasta ahora estaba prohibido en la Constitución, así como la instauración de un sistema de juzgados en materia constitucional.
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El camino parlamentario
Para las otras seis preguntas, que no modifican la carta magna, Noboa deberá presentar un proyecto de ley que sea debatido y aprobado en la Asamblea.
En este grupo está la propuesta que las Fuerzas Armadas controlen los accesos a las prisiones, uno de los epicentros de esta crisis de violencia al estar muchas cárceles controladas por las bandas criminales, hasta que Noboa las militarizó con la declaración de "conflicto armado interno".
Por la misma vía deberá tramitar las iniciativas de incrementar las penas en delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico de drogas, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y minería ilegal, así como la de eliminar los beneficios penitenciarios para varios de estos delitos, de modo que la condena deba cumplirse íntegramente en prisión.
Igualmente sucederá con las propuestas de crear un delito específico de tenencia y porte de armas de uso exclusivo de Policía y Fuerzas Armadas, de equipar a estas fuerzas estatales con el armamento incautado a la delincuencia y de generar un mecanismo exprés para la expropiación de bienes de origen ilícito.
"No se sabe (todavía) qué proyecto va a presentar el Presidente de la República", ni cuánto tiempo demorará, sostuvo Oyarte.
Además, "la Asamblea no estaría obligada a aprobar tampoco los proyectos de ley", agregó y comentó que por eso llamó la atención que la Corte Constitucional calificara esas preguntas.
"Uno entendía que la Corte no iba a calificar estas preguntas porque la Constitución ordena que los resultados de la consulta popular tienen que tener un efecto directo y en este caso no lo tiene", subrayó.
Incertidumbre en la Asamblea
La consulta popular tuvo lugar en momentos en que la Revolución Ciudadana (RC), liderada por el expresidente Rafael Correa y la fuerza política más numerosa en la Asamblea Nacional, se ha declarado abiertamente en oposición al Gobierno.
Esto, después de que Noboa ordenase el pasado 5 de abril el asalto policial a la Embajada de México en Quito , para detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Correa, a quien el Gobierno mexicano había otorgado asilo.
Aunque el correísmo no tiene la mayoría absoluta en la Asamblea, sí son votos que había utilizado el Gobierno para aprobar sus proyectos de ley, dijo Oyarte.
Sin embargo, consideró que las preguntas de la consulta popular no "revisten mayor cuestionamiento", por lo que especuló que los asambleístas tampoco querrán quedar como opositores a la lucha contra los delitos, más aún en momentos en que Ecuador vive una crisis de inseguridad, atribuida a bandas criminales vinculadas al narcotráfico.
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