La jueza a cargo de la acción de protección presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, tiene varias interrogantes sobre la solicitud de la legisladora de Pachakutik. Así lo dio a conocer este martes el asambleísta de PSC, Esteban Torres.
En primera instancia, la magistrada Raquel Herrera solicitó a Llori que aclare cuál es el derecho vulnerado al que hace alusión en su solicitud. En el documento, la jueza pide que se “determine la descripción del acto violatorio de manera clara y concreta determinando el momento que viola el debido proceso”.
La titular del Parlamentó colocó el lunes 18 de abril de 2022 una acción de protección en contra de cinco integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para evitar que se conforme a una comisión que evalúe su gestión.
Además, Herrera solicitó a la presidenta del Parlamento que aclare cuál es el rol que cumple en la denuncia el coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, Santiago Salazar, con la finalidad de conocer si actúa como su abogado personal o en representación de la Legislación. Salazar fue quien presentó la acción junto a Llori.
Al respecto, varios expertos en Derecho Constitucional abrieron un debate en redes sociales para criticar la posibilidad de que Salazar esté representando a Llori de forma particular.
"Es improcedente y constituye un descaro total. Por eso la propia jueza le pide que aclare. Si lo hace como abogado de Llori estaría impedido, si lo hace como procurador de la Asamblea: ¿cómo va a demandar al mismo órgano al que representa?", escribió el constitucionalista Gonzalo Muñoz, en respuesta a una consulta que hizo en Twitter a sus colegas la penalista María Paulina Araujo.
La docente y constitucionalista Ximena Ron coincidió con Muñoz en que Llori no puede hacer esto. "Su acción de protección no se presenta en defensa de los derechos -procesales únicamente- de la Asamblea Nacional. Si la demanda invoca presuntas vulneraciones a los derechos de Llori, debió haber contratado un abogado y cancelado los honorarios de su propio peculio", manifestó.
Por su parte, para el docente de Derecho Constitucional, André Benavides, esta ampliación de la demanda de acción de protección demuestra "errores de carpintería jurídica que ratifican que es su abogado particular".
Con la acción de protección, Llori espera un dictamen para bloquear la denuncia por incumplimiento de funciones presentada por el asambleísta Torres por incumplimiento de funciones.