Entre dudas y enredos jurídicos, el Consejo de Administración Legilativa (CAL) calificó este lunes la denuncia presentada por el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.
Ni la acusada Llori, ni la oficialista Nathalie Arias participaron de esta tensa reunión en la que se aprobó que “de inmediato” la Presidencia de la Asamblea llame a una sesión del pleno para que se conozca esta decisión y se dé paso a la conformación de una comisión que analice y falle frente a la denuncia.
Torres, quien colocó la acusación, señala que Llori habría incumplido funciones por haber suspendido sesiones del pleno sin justificación, y que con esto frenó el tratamiento de leyes importantes, así como de la creación de una comisión pluralista de evaluación.
La sesión estuvo dirigida por el vicepresidente Virgilio Saquicela, quien asumió la presidencia después de que la titularidad de Llori fue apelada.
En esta reunión, los asambleístas Ronny Aleaga (Unes), Darwin Pereira (Pachakutik), Johanna Moreira (Izquierda Democrática) y Saquicela votaron por la calificación de la denuncia. Mientras que Yeseña Guamaní, también de la Izquierda Democrática se abstuvo porque la resolución estaría violando la ley.
Con esta decisión, Guamaní chocó con su compañera de bancada. "Ustedes fueron testigos de cómo se me quiso imponer una resolución por parte de la asambleísta Moreira, solamente porque quise manifestar mi objeción a una resolución", dijo Guamaní.
Por su parte, el coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, advirtió que hay varios impedimentos para continuar con la calificación.
En primer lugar, el documento original habría sido firmado por Esteban Torres Torres, cuando los apellidos del denunciante son Torres Cobo. En segundo, recordó que hay una denuncia ante la Fiscalía por supuesta arrogación o simulación de funciones.
La noche de este lunes, el CAL también trató la denuncia presentada por el legislador independiente Gruber Zambrano en contra de todos los integrantes del organismo.
Sin embargo, los cinco parlamentarios presentes en la sesión se excusaron de conocer y calificar sus propias denuncias porque existe un "conflicto de interés". Pero tampoco quedó claro a qué instancia debía transcender esta decisión, por lo que ahora la denuncia está en el limbo.