Indígenas hablan de destitución de Lasso durante su primera "asamblea popular"
Este viernes 24 de junio de 2022 se llevó a cabo la primera Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas.
Este viernes 24 de junio de 2022 se llevó a cabo la primera Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas, en el marco de las movilizaciones a nivel nacional en contra del Gobierno de Guillermo Lasso.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) realizó la asamblea popular para escuchar las posturas, peticiones y propuestas de distintos sectores sobre la situación del país y así marcar la hoja de ruta de la protesta.
La reunión se instaló en el décimo segundo día de protestas con miles de participantes en el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta donde ingresaron el jueves después de que el Gobierno abriese esa posibilidad, precisamente para que se desarrolle la asamblea.
El ingreso de los manifestantes a este lugar para instaurar la "asamblea popular" era una de las condiciones puestas por el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, para abrir paso a un diálogo con el Gobierno, junto a derogar el estado de excepción vigente en seis provincias y garantizar que se abordarán todas sus demandas.
PEDIDO PARA DEBATIR DESTITUCIÓN
En las primeras intervenciones de representantes de distintas organizaciones sociales en la "asamblea popular" se escuchó el reclamo por el alto costo de la vida y en más de una ocasión corearon "Fuera, Lasso fuera".
También exigieron que en la Asamblea Nacional se autoconvoque a una sesión inmediata, para que se trate de urgencia del artículo 130 de la Constitución de la República, que plantea la destitución del primer mandatario.
A la cita acudieron varios asambleístas de Pachakutik, quienes respaldaron un proceso de muerte cruzada que permita la destitución de Lasso.
"Si no cumple con el mandato, entonces que se vaya a su casa. Vamos por la muerte cruzada", manifestó el legislador Fernando Cabascango durante su alocución.
De su lado, la asambleísta Dina Farinango enfatizó "he puesto mi cargo a disposición, no necesitamos discursos, necesitamos hechos", al anunciar que aplicarán el artículo 130 de la Constitución, que posibilita al Legislativo destituir al gobernante.
Al final, se pronunció Leonidas Iza, quien alabó "la valía" de los asambleístas presentes, y anunció que, al no ser escuchados sus pedidos, van a avanzar con el siguiente paso a través de la Asamblea Nacional.
Por último dijo que "hay una decisión del pueblo que quiere que el presidente de la República, si no ha tenido capacidad para resolver los problemas, han pedido que por favor que se vaya".
De su parte, Lasso ha accedido parcialmente a algunos pedidos de los indígenas, por lo que ha señalado que no se elevará el costo de los combustibles de mayor consumo, y ha ofrecido condonar a familias campesinas deudas vencidas de hasta 3.000 dólares, entre otros.
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"No queremos más confrontación, hemos cedido porque nuestra intención es el diálogo por la paz", señaló una imagen que Lasso colgó este viernes en su cuenta de Twitter y en la que se aprecia a personas que participaron en una marcha por la paz con banderas blancas y de Ecuador.
El gobernante ha aceptado participar en un diálogo propuesto por más de 300 organizaciones sociales, que están a la espera de la respuesta de Iza.
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CORREÍSMO BUSCA DESTITUCIÓN DE LASSO
En paralelo, los 47 legisladores afines al expresidente Rafael Correa se han pronunciado por la necesidad de adelantar las elecciones, de acuerdo con lo que establece el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución, que posibilita al Parlamento destituir al gobernante "por grave crisis política y conmoción interna".
Si prospera la petición de los correístas, en un plazo de 72 horas, concluido el procedimiento establecido por la Ley, la Asamblea Nacional resolverá "motivadamente con base en las pruebas presentadas" por el gobernante.
Para proceder a la destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea. De prosperar la destitución, el vicepresidente asumirá la Presidencia.
En un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución de la destitución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocaría para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.
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