El alcalde de Quito, Jorge Yunda, dijo este lunes, siete de junio, que continuará administrando el Municipio hasta que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se pronuncie sobre la remoción.
Sin embargo, el burgomaestre aún no presenta el pedido de revisión ante el órgano electoral.
“Señor vicealcalde usted manda en su casa, no en el Municipio. Yo soy el alcalde. Hasta que se pronuncie el TCE seguiré administrando la Municipalidad que me gané legítimamente en las urnas. Yo no entré por la ventana”, señaló Yunda en entrevista con Ecuavisa.
Esto ante el pedido de Santiago Guarderas de suspender las contrataciones en el Municipio hasta que se resuelva la situación del alcalde.
Yunda también alertó a los 221 alcaldes del país para que no les pase lo mismo, “es un mensaje nefasto que se está dando a las alcaldías, se reúnen algunos concejales, el vicealcalde le serrucha el piso y vamos tomándonos todas las instituciones”.
Al finalizar la entrevista recalcó: "nunca me han perdonado que una persona de mis orígenes haya osado llegar a la alcaldía de Quito, en donde siempre ha sido alta alcurnia para dirigir la ciudad, pero nosotros estamos con el respaldo del pueblo".
El Concejo Metropolitano aprobó la remoción del alcalde la madrugada del pasado jueves, tres de junio, con 14 votos a favor, seis abstenciones y un voto en contra. Esto tras la denuncia del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, quienes evidenciaron una serie de incumplimientos.
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Sin embargo, Yunda confirmó esta mañana que acudirá a la última instancia legal en el TCE, pues su abogado encuentra "violaciones al debido proceso para la remoción”.
“El abogado estará entregando al Tribunal Contencioso Electoral y esperamos el pronunciamiento”, indicó Yunda a Teleamazonas.
De acuerdo a los plazos que establece la ley, al alcalde de Quito le quedan pocas horas para presentar la consulta.
Hasta el martes, 8 de junio, se cumplirán los tres días laborables que tiene para ingresar el pedido sobre el incumplimiento de los procedimientos en su remoción.
El TCE puede pronunciarse sobre irregularidades en el proceso administrativo, pero no sobre la votación o los argumentos de los denunciantes.