El Gobierno ultima los detalles de un proyecto de ley que será anunciado próximamente y tiene por objetivo atraer inversión y alianzas público-privadas para sacar adelante 46 proyectos de gestión delegada por más de 30.000 millones de dólares.
Así lo manifestó a Efe el secretario técnico de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión Delegada de Ecuador, Roberto Salas, quien avanzó que en los próximos días la Presidencia presentará el proyecto de ley orgánica para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital.
"Creo que es un paso necesario que el país debe dar. Estas alianzas son fundamentales para la creación de empleo a través de estas inversiones y también para el mejoramiento de los servicios", explicó el secretario técnico, nombrado en noviembre por el presidente Guillermo Lasso.
INVERSIONES POR 30.833 MILLONES DE DÓLARES
Ecuador cuenta con un portafolio de inversiones que incluye obras en ámbitos como el de la energía, hidrocarburos, infraestructura, sector inmobiliario, salud, minería, telecomunicaciones, medioambiente, cultura y deportes por una suma total de 30.833 millones de dólares.
Salas reconoce que tiene una meta ambiciosa pero ve "posible lograr que estos proyectos se conviertan en contratos firmados hasta el 2025", y anota que se irán suscribiendo de forma paulatina.
Precisa que dicho portafolio incluye esos 46 proyectos de gestión delegada y como condición indispensable para que puedan no solo firmarse sino ponerse en marcha, es vital su estructuración técnica.
"Debemos cambiar la capacidad de estructuración técnica de esos proyectos, (algo de lo) que también nos hacemos cargo en la ley, mejorar la calidad de los contratos y los procesos de concursos públicos y de adjudicación para ganar una buena reputación", subrayó el alto cargo.
Tanto la legislación que será propuesta a consideración de la Asamblea Nacional, como la gestión gubernamental en el tema de inversiones, pretenden dar a conocer proyectos que Salas considera "muy atractivos" y están siendo sometidos a un proceso de reestructuración y un esquema normativo que "permita un alto nivel de seguridad jurídica".
Pero otro indicador que destaca el responsable es que Ecuador es un país dolarizado, por lo que "no tiene un riesgo cambiario y está tomando muy en serio ir hacia un equilibrio fiscal", cerrando el año pasado con un 2,1% de déficit fiscal del PIB, lo que, a su juicio, supone una ventaja competitiva respecto a otras economías vecinas.
PROYECTO EN CIERNES
Salas lamentó que con la ley de 2015 sobre Asociaciones Público-Privadas (APP) apenas se han establecido nuevas alianzas de este tipo en los últimos cuatro años.
La razón de ser de la nueva legislación en ciernes es, según él, "pasar de una ley de incentivos para hacer APP, a una más genérica que dé más claridad a inversionistas y financistas" y sirva de guía sobre cómo participar en alianza con el Estado.
También incluye un proceso de planificación integral de la infraestructura pública a mediano y largo plazo de manera que las instituciones puedan incorporar en sus esquemas contingencias o contribuciones que permitan que las obras se ejecuten como parte de una estrategia del país, explicó Salas.
Asimismo, el proyecto busca agilizar los procesos que conllevan en la actualidad alrededor de una veintena de pasos y la duración de algunos años, para reducirlos a 14 y acortar los plazos.
"Mejorar la orientación del funcionario público y poder sacar proyectos entre 9 y 12 meses los más sencillos, y de 24 a 30 meses como máximo los más complejos", detalló.
Por otra parte, la ley también obligará a los ministerios que aún no cuentan con una legislación especial sobre APP a utilizar la nueva modalidad que se plantea para su articulación.
En este sentido, la Secretaría Técnica aspira a ejercer ese papel de enlace para que tanto inversores, financieros y la ciudadanía en general conozcan cuáles son los proyectos priorizados por el Gobierno, cómo avanzan los que están en marcha, y si existe algún inconveniente que dificulte su implementación.
La atracción de inversión extranjera e interna forma parte de la política de aperturismo económico impulsada por el Ejecutivo de Lasso que aspira a rubricar acuerdos comerciales una decena de países y bloques, y se resume bajo la máxima gubernamental "Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador".
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