El defensor del pueblo, Freddy Carrión, detenido en la cárcel 4 por presunto abuso sexual, llegó el martes a la Comisión de Fiscalización acompañado de sus abogados y esposa, Patricia Schettini.
En esa ocasión, Carrión decidió incluir en la comparecencia a su esposa, al vicepresidente del Consejo de Participación (Cpccs), David Rosero; al exfuncionario de la Defensoría en Galápagos, Milton Castillo, y a la perito Nora Mantilla.
Las comparecencias solicitadas son parte de las pruebas de descargo de Carrión, en el proceso de juicio político que impulsan en su contra los asambleístas Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Yeseña Guamaní (Izquierda Democrática).
“Mi esposo ha sido víctima de un linchamiento mediático y político. Puedo asegurar que no hay indicio que indique el supuesto delito de agresión sexual en contra de mi esposo”, manifestó Schettini.
Según ella, Carrión cayó en la trampa de sacarlo de la Defensoría del Pueblo por su actuar frente a la pandemia y el paro nacional de octubre de 2019. De la misma manera, dijo que la reunión entre el exministro Salud, Mauro Falconí y Carrión, no fue clandestina. Y que los 47.000 dólares encontrados tampoco le pertenecían a su esposo, sino al exministro.
Por su parte, Rosero corroboró que Carrión fue designado como defensor del pueblo por cinco años, desde abril de 2019. Y aseguró que el organismo no puede nombrar a uno subrogante, que esa potestad está dada al titular de la Defensoría.
Entretanto, Milton Castillo contó que fue destituido de manera ilegal como delegado de la Defensoría por la subrogante, Zaida Rovira, que había sido cesada por Carrión. De tal manera, el defensor del pueblo insistió en que sigue en el ejercicio de sus funciones.
De igual manera, Carrión aprovechó para cuestionar que la fiscal general, Diana Salazar, desechara un informe realizado por la perito Nora Mantilla, que demostraría que los vídeos de los hechos fueron “cortados”.
El viernes, Carrión tendrá tres horas, por su cuenta, para sus descargos en la Comisión de Fiscalización; y este miércoles 1 de septiembre compareció la Fiscal General.
Salazar aseguró que los 47.000 dólares hallados en el departamento del exministro de Salud, en medio del incidente con Carrión, son parte de una indagación por peculado de un contrato de pruebas rápidas de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).