Estas son las pruebas calificadas por el Comité de Ética en el proceso contra Guadalupe Llori
Solicitarán la certificación de los vehículos y conductores asignados a Llori mientras ejercía el cargo de presidenta de la Asamblea.
En el marco del proceso de sustanciación de la denuncia en contra de la legisladora Guadalupe Llori (Pachakutik), el Comité de Ética calificó las pruebas de cargo y descargo.
Entre las pruebas calificadas por parte de la asambleísta denunciante, Johanna Ortiz (UNES), la mesa legislativa solicitará la certificación de los vehículos y conductores asignados a Llori mientras ejercía el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional, copias certificadas de la bitácora de ingreso vehicular al “bunker” de la Presidencia de la Asamblea, distributivo del personal legislativo de mayo 2021 a mayo de 2022; y, videos de las cámaras de seguridad del parqueadero del Palacio Legislativo.
También se receptarán las versiones del legislador Augusto Guamán, tres exfuncionarios y una funcionaria de la Legislatura.
Mientras que, las pruebas calificadas de la parte denunciada incluyen la certificación de Secretaría General de los procesos y denuncias en contra de Llori, nombramiento como Presidenta de la Asamblea y el período de funciones, listado de los funcionarios que conformaron su equipo de trabajo, informe de la Coordinación de Talento Humano que informe si los funcionarios involucrados fueron parte de su equipo de trabajo; y, recepción de versiones de cinco funcionarias.
Ortiz subrayó que todos los documentos presentados fueron legalmente solicitados y sustentados. Según explicó, con estas pruebas se evidenciaría que Llori habría utilizado un vehículo rentado y financiado por exfuncionarios mientras Llori ostentaba la Presidencia del Legislativo.
De su lado, Julio César Sarango, abogado apoderado de Guadalupe Llori, aseguró que las acusaciones no tienen fundamento ni motivación.
La denuncia corresponde a una presunta violación del numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, relacionada con las prohibiciones a los asambleístas, por presunto cobro de diezmos mientras ejercía las funciones de presidenta de la Legislatura.
Según denunció Ortiz, constan “las pruebas que demostrarían que la asambleísta Llori solicitó diezmos a sus funcionarios para que renten un vehículo en el que ella se movilizaba”.
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