En medio de anuncios de investigación, CAL dispone retorno al trabajo presencial con aforo del 100%
Bancadas insisten en crear comisión que investigue a presidenta de la Asamblea y al CAL.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL), con el voto unánime de los seis presentes, dispuso el retorno a la presencialidad al 100% de los legisladores, sus equipos de trabajo y servidores de la Asamblea Nacional, a partir de este martes 22 de febrero de 2022.
La resolución, que incluye el cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad y prevé un retorno progresivo del personal con vulnerabilidad, se da en medio de anuncios de asambleístas que buscan crear una comisión especial que investigue a la presidenta, Guadalupe Llori (Pachakutik), y los miembros del CAL.
“Estamos solicitando que esta subcomisión investigue las razones por los cuales puntos del día no están siendo tratados, por qué otros temas tan importantes para la nación están siendo relegados”, ha manifestado Jhajaira Urresta, asambleísta de UNES.
Se acusa al CAL de no dar paso al tratamiento de temas relacionados con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y los proyectos de ley para derogar la reforma tributaria del Gobierno.
Algunos partidarios de Pachakutik (PK) entre ellos Mireya Pazmiño y Darwin Pereira, también buscan armar una comisión ad hoc que investigue las funciones del organismo legislativo, debido al orden que manejan para la calificación de solicitudes.
"No tiene nada de malo pedir que se priorice juicio político a vocales del Consejo de Participación Ciudadana", ha señalado Mario Ruiz (PK), quien ha ratificado su postura de promover un proyecto de resolución en el Pleno para la creación de la comisión investigadora.
En días pasados, el legislador Pereira denunció un comunicado de la Asamblea Nacional "que falta a la verdad, en el afán de favorecer a no sé quién. Sobre el particular pediré explicaciones en próxima sesión del CAL. Falsear la verdad también es corrupción".
Guadalupe Llori denuncia conspiración en Pachakutik: ¿a qué se debe la fragmentación?
Por su parte, Llori ha calificado esto como una conspiración en su contra y ha acusado a sus coidearios por las "pretensiones desestabilizadoras".
"Aunque tengamos diferencias y si aún se ponen descaradamente la wipala, al menos dejen que otra Bancada CONSPIRE y no demuestren la ambición, la inmadurez política, y la asquerosa actitud de ser desechables de UNES (movimiento correísta Unión por la Esperanza)", dijo Llori.
Aprobación de proyectos de ley
Ayer, el CAL calificó cuatro iniciativas legales: el proyecto de Ley de Salud Mental, propuesta por Eduardo González, que será tramitado por la Comisión del Derecho a la Salud; reformas al Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización, de autoría de Amada Ortiz; proyecto de Ley Orgánica del Sistema Público Nacional de Registro de la Propiedad, planteada por Ricardo Ulcuango, los cuales serán dirigidos a la Comisión de Gobiernos Autónomos.
Igualmente, las reformas a diversos cuerpos legales para el Fortalecimiento, Protección, Impulso y Promoción de las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, Artesanos, Pequeños Productores, Microempresas y Emprendimientos, de iniciativa de Carlos Zambrano, que será tramitado por la Comisión del Desarrollo Económico.
En esta sesión, los miembros del CAL también conocieron los pedidos de los asambleístas Lenin Mera, Rodrigo Fajardo, Salvador Quishpe, María Fernanda Astudillo y Daniel Barrreto, para activar lo establecido en el artículo 75, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), por lo cual dispuso que los pedidos de información de Lenin Mera al Ministro de Transporte por el Peaje de Santa Elena y de Salvador Quishpe al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica pasen a conocimiento y trámite en la Comisión de Biodiversidad.
En torno a los requerimientos de información del asambleísta Rodrigo Fajardo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; de María Fernanda Astudillo al Servicio de Rentas Internas (SRI); y de Lenin Barreto a la Gobernación de Manabí, serán remitidos a las comisiones de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social; de Régimen Económico; y, de Gobiernos Autónomos, respectivamente.
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