Mónica Banegas Cedillo fue vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entre 2009 y 2015. Autora del libro “La Muerte Cruzada en el Texto Constitucional, relaciones Ejecutivo – Legislativo”. En esta entrevista con Vistazo, recuerda cómo y por qué se incluyó esta figura en la Constitución de 2008.
¿Qué es la muerte cruzada?
Las palabras muerte cruzada no las van a encontrar en ninguno de los 444 artículos de la Constitución de 2008. Es una forma coloquial de llamar a posibilidad que tiene el Presidente, desde el artículo 148, de disolver la Asamblea pero a su vez de cesar en funciones. Pero a su vez es la posibilidad que tiene la Asamblea, desde el artículo 130, de destituir al Presidente pero a su vez se autodisuelven. Por eso, se llama ‘muerte cruzada’ y es una figura constitucional que cabe más en regímenes parlamentarios, nosotros somos un presidencialismo. De cierta manera, hay una historia política detrás de la creación de la figura en Montecristi.
¿Tiene que ver con la recurrente costumbre de botar presidentes de los ecuatorianos?
Los dos artículos hablan de causales por las que puede darse: si el Ejecutivo o la Asamblea se arrogan funciones que constitucionalmente no les corresponden. Y el segundo es la conmoción interna o grave crisis política. Y el Presidente puede usar otra causal, cuando la Asamblea obstruye reiteradamente el cumplimiento del plan nacional de Desarrollo. Desde 1995 a 2005, Ecuador tuvo varios presidentes defenestrados, Abdalá Bucaram (febrero de 1997), Jamil Mahuad (enero de 2000) y Lucio Gutiérrez (abril de 2005). La conmoción social empezó en las calles, los Congresos tenían votación que fluctuaba de un día para otro. A Bucaram el Congreso le determinó incapaz para Gobernar y le cesó en funciones. Jamil Mahuad renunció y Lucio Gutiérrez fue acusado de abandono del cargo. En estas situaciones el Congreso actuó en forma constitucional y legal. En Montecristi se hablaba de un secuestro del Ejecutivo por parte del Congreso, no olvidemos que con ese discurso es que llegó el presidente Correa, sin diputados, en 2007 al poder, asegurando que los Congresos estaban desprestigiados.
¿Cabía la muerte cruzada iniciada por la Asamblea contra Guillermo Lasso?
La muerte cruzada sí es una figura constitucional reconocida, no caben discursos de defenestración o de golpismo. Lo que hay que analizar es si estamos en un tiempo político en que debía ser usada. El procedimiento estuvo bien, una tercera parte de asambleístas pidió activar la figura. Se dio el tratamiento según el art. 51 de la Ley Orgánica de función Legislativa. Se notificó al Presidente y a los asambleístas. El secretario jurídico argumentó mediante una carta. Creo que argumentó bien, en el sentido de que se había iniciado un diálogo y de que se había derogado el decreto para el estado de excepción por conmoción. En términos jurídicos no había la causal de conmoción interna, y ya no tenía que tener lugar el proceso, pero estaba activado. Era una incertidumbre, yo esbocé seis escenarios, uno de ellos se cumplió: no hubo apoyo socialcristiano, sí hubo de los disidentes de Izquierda Democrática, pero no de los orgánicos; apoyo de los rebeldes de Pachakutik, no de los orgánicos, y los votos de UNES, que propusieron. Así se llegó a los 80 votos a favor, 48 en contra y 9 abstenciones.
¿El Legislativo ya no puede usar el comodín de la muerte cruzada?
Tanto el 130 de la Constitución como el 51 de la Ley Orgánica de la función dicen claramente que puede usarse una sola vez dentro de los primeros tres años, tanto se busca no menoscabar la figura que se prohíbe usar durante el último año del período. La figura no podría volver a activarse. Cuando no se entiende el texto constitucional hay que revisar el espíritu, las actas de Montecristi revelan que la intención original fue que se convierta en una figura que llame al diálogo para que conversen Ejecutivo y Legislativo, por el hecho de que no se quieren ir a la casa, deben buscar el camino del entendimiento. El Legislativo ya lo usó.
¿El Ejecutivo lo puede invocar?
Sí, y vamos al espíritu de Montecristi. El Ejecutivo tiene aún la carta.
¿Qué legitimidad tiene un Gobierno que estuvo a 12 votos de irse a la casa?
Queda cuestionado. Y muy cerca la oposición de llegar a los dos tercios, esta mayoría puede seguir bloqueando sus leyes y sus resoluciones. Pero el Presidente tiene una causal que es cuando el legislativo obstruye su Plan de Desarrollo la puede activar. El Presidente debe entender que los pedidos no son solamente del sector indígena, sino de grupos más amplios de la sociedad.
¿Tiene lógica que el Presidente del Legislativo convoque a la mesa del diálogo y horas más tarde vote para destituir al Presidente Lasso?
Me parece que el presidente Virgilio Saquicela hizo un buen papel al convocar al diálogo con las cinco funciones del Estado. Él tiene una posición política, pero debió abstenerse; ya que él llegó a la Vicepresidencia de la Asamblea con CREO y el BAN (aliados). Luego los votos cambian y llega a ser presidente con los votos de UNES; disidentes de la ID y rebeldes de PK. Pero al ser una figura que debe buscar gobernabilidad y ser garante de diálogos debió abstenerse en la votación.
¿Qué hubiera pasado si se destituía a Lasso?
Ya hubiera estado llamado el vicepresidente Alfredo Borrero a asumir al Presidencia. No se ha visto un vicepresidente que en términos de lealtad no acepte, si él hubiera renunciado le hubiera tocado asumir al presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela.
Lo que se ha visto es una vicepresidenta que no ocupó el cargo porque le reemplazó un político de buena cintura, Fabián Alarcón, luego de la destitución de Bucaram.
En el Observatorio de la Participación Política de la Mujer mencionamos como un caso de violencia política contra la mujer, pero se recoge el papel de Rosalía Arteaga. La estrategia de Fabián Alarcón es motivo de estudio; se espera que quien quiera ostentar este cargo tenga un bloque sólido, una mayoría absoluta, pero él es un solo voto, en el caso de Virgilio Saquicela, llegó con Democracia Sí. Es el partido de Gustavo Larrea que ganó en Cañar. Lo que debemos reconocerle es que tiene facilidad de palabra y parece un buen mediador, pero le debemos pedir que busque la gobernabilidad.
Los asambleístas que anunciaban su renuncia por redes sociales, ¿deben estar fuera?
Poner a disposición el cargo no es renunciar. El artículo 115 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice cuáles son las siete situaciones por las que se pierde la calidad legislativa, La renuncia es una de ellas. En tanto no han renunciado formalmente siguen siendo asambleístas.
¿Qué salida propone a esta situación?
Hay que dialogar. Estamos descompuestos como tejido social. Ninguna reivindicación de derechos puede afectar derechos ajenos, no estoy de acuerdo con paralizar servicios públicos, ni con protestas prolongadas que impiden el derecho de trabajar, no estoy de acuerdo con que se infiltren el vandalismo y la violencia. Hay legítimos derechos a los cuales el Presidente debe mirar, trabajó el año en los indicadores económicos, pero es hora de invertir en lo social. Estamos demasiado divididos y polarizados, solo el diálogo nos puede reencontrar.