Hasta julio pasado, el camarón y los productos pesqueros mostraban menos ventas en dólares que en 2022. ¿Qué pasó para que ambos sectores, tradicionalmente con mejores resultados, en este período experimenten cifras negativas?
Hay una desaceleración importante en el consumo que existe en dos de nuestros principales mercados como Estados Unidos y China. El primero por las medidas tomadas en ese país para controlar la inflación; y en China por la reducción de sus importaciones. A esto se suma la guerra entre Ucrania y Rusia, que también afecta el ingreso de nuestros productos a esos mercados.
Además la agenda comercial no se aceleró como pensábamos; el gobierno actual deja negociado con Corea del Sur, China y Costa Rica, pero no avanzamos con Estados Unidos, y con Canadá no se trabajó mucho, aparte no se trabajó en la reducción de costos salvo el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), pero de allí todo lo demás se incrementó.
En resumen, no se han dado las condiciones apropiadas para crecer como lo veníamos haciendo; si este año se crece, y esto es algo que aún no lo sabemos con certeza, sería algo mínimo, entre el uno o dos por ciento. Y si a eso le sumas que al sector exportador le toca invertir un millón de dólares diarios en seguridad, la situación se complica mucho más.
¿Sabían que se toparían con una realidad tan compleja como esta?
Entendíamos que luego de la pospandemia íbamos a entrar a una guerra de precios al pasar la ola de consumo. Veíamos a Estados Unidos emitiendo moneda, igual a la Unión Europea, lógicamente las inflaciones iban a venir. Esa guerra de precios es importante cómo la combates y es con servicio, además de tratar de cortar al intermediario porque así se reduce en algo el costo. Pero el escenario de la inseguridad fue algo que no preveíamos y no es justo que el sector exportador pague por las deficiencias del Gobierno. Ya pagamos impuestos para, entre algunas cosas, contar con seguridad.
Pero hoy el Estado está sobrepasado en este tema y nos ha tocado invertir cada vez más en proteger los productos que enviamos al exterior para cuidar la reputación que tenemos en los mercados y no tener más problemas de los que ya hemos tenido. En su momento pedimos que eso que estamos invirtiendo en seguridad lo podamos deducir en el pago de los impuestos a las utilidades, pero no pasó nada.
Históricamente han existido esos problemas. ¿Cuándo detectan que las cosas se empezaron a salir de control?
Cuando cambió la forma de contaminación de la carga. Lo que existía antes era la contaminación esporádica de gancho ciego, es decir, invertías en certificados, en los controles en la planta de producción y con los proveedores, en la movilización con los candados satelitales, y llegabas al puerto con tu mercadería en perfecto estado, y allí te contaminaban, te abrían el contenedor y te metían droga. Eso provocaba que detuvieran tu carga, que gastaras en abogado, en bodegaje, y luego de solucionar todo, te devolvían la carga si no era perecible.
Esto sucedía muy poco, pero la sobreproducción de estupefacientes incrementó los intentos por contaminar. Ahora incluso puede llegarte a la planta un contenedor que pareciera que está perfecto pero ya está contaminado. Por ejemplo, hay asaltos en las zonas rurales donde se roban cajas de cartón para poner droga dentro y meterlas en el contenedor. (NdR: en los contenedores va mercadería de distintos vendedores).
¿Por qué se vulneró tanto la seguridad?
Nuestra fortaleza también se convirtió, de alguna manera, en nuestra debilidad. Para tenerlo claro: en Europa consumen más cocaína mientras en EE.UU. hay mayor consumo de drogas sintéticas; por eso el 80 por ciento de la droga que sale del Ecuador se va a Europa.
Antes a EE.UU. los narcotraficantes hacían envíos por su cuenta o en embarcaciones pequeñas; los tramos eran más pequeños. Pero ahora hablamos de un viaje largo en el que lógicamente necesitan una gran embarcación para hacer llegar ese envío. Y como desde Ecuador exportamos productos de gran volumen, y eso significa mayor cantidad de envío de contenedores a la semana, algo que no sucede en Colombia, nos volvemos “atractivos” para estas mafias delictivas porque tienen mayores oportunidades de enviar sus cargamentos.
Y esto se acrecienta con la informalidad del sector transportista de carga, donde no hay necesariamente grandes controles, y también los problemas en los puertos, donde se confinaron mucho y hoy se pagan las consecuencias.
¿Cuáles son esas afectaciones?
Si solo vemos la cifra de inversión en seguridad, que es lo que en teoría debería darte un Gobierno, hablamos de 365 millones de dólares al año que invertimos en eso cuando lo podríamos poner en mejorar la tecnología de las plantas, en promocionar mejor el producto, en participar en ferias comerciales... Ahora, también está la relación con los compradores, que es lo más crítico. Cuando llegan esos contenedores contaminados, la carga se retiene y los compradores se quedan sin su compra, y al exportador le toca ver cómo reemplaza esa carga y les vuelve a enviar la mercadería para no perder al cliente. Y esto es si es que el cliente no le dijo que mejor le devuelva su dinero y que ya no quiere hacer negocios con productos de nuestro país. Por eso hicimos la rueda de prensa para comunicarles a todos, incluidos a nuestros compradores en el exterior, que buscamos proteger las exportaciones.
Esto también afecta a las inversiones que hacen empresas del exterior en el país.
Por supuesto, porque cuando haces negocios con clientes del exterior, y les gusta los productos, les interesa asegurarse la mercadería y eso los lleva incluso a invertir en la compra de una parte de las acciones de las empresas proveedoras. Por ejemplo, pasó con el sector del brócoli, con muchas empresas japonesas que buscaron asegurar esos productos. Es difícil de cuantificar el impacto económico de eso, pero es una situación que nos pone cuesta arriba porque ya hemos tenido que trabajar para que no se cierren ciertos mercados en el exterior, e incluso intervenir para que una naviera no deje de venir al Ecuador porque amenazó con ya no hacerlo por sufrir reiteradamente ataques delincuenciales.
¿Cuál es la respuesta del Gobierno Nacional ante esta situación?
Los buenos elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que creo que son la mayoría, han hecho su mayor esfuerzo en la medida de lo posible. Pero también es notorio que esta situación los sobrepasó. Hay buenos funcionarios pero seguramente también hay manzanas podridas. La tentación del narcotráfico, al ser un negocio muy rentable, puede dañar las estructuras de un país. Por eso es necesaria la ayuda internacional, que tengamos un puesto de la Policía del Ecuador en la Europol (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial), que venga gente del Puerto de Amberes (en Bélgica, principal puerta de ingreso de drogas desde Ecuador a Europa).
Al final el problema no lo tiene solo Ecuador...
Por supuesto, la responsabilidad es compartida. Tiene que existir una cooperación internacional. En Europa es donde se queda la mayor parte del dinero transaccionado por esos envíos; sabemos que al Ecuador no llega ni el 10 por ciento de lo generado. ¿Cómo regularizan allá ese dinero con el que se quedan? Esa y otras preguntas son las que debemos seguir haciendo para que se entienda que tenemos que luchar juntos.
¿Qué incluye el convenio entre los exportadores y la Unidad de Antinarcóticos de la Policía Nacional?
El principal objetivo es prevenir y gestionar riesgos, es decir, ver cómo en conjunto dónde son los puntos de mayor contaminación y cómo corregirlos. También buscamos que la Policía optimice sus procesos de inspección de antinarcóticos porque el sector exportador ya está con sobrecostos. Y como sector privado, gestionar la llegada de recursos internacionales. La idea es tener más filtros de seguridad. La tentación ahora es mayor, en una sociedad volcada a la inmediatez. Entonces, si viene alguien y te ofrece mucho dinero, hay mayor inclinación a aceptarlo. Por eso creo que la discusión debe ser más profunda. ¿Legalizar alguna droga? No lo sé, pero amerita una discusión.