La decisión fue tomada el pasado jueves 13 de junio del 2024 con el voto de mayoría. Los jueces decidieron echar abajo aquel decreto emitido el 22 de mayo de 2024 tras una ola de violencia, sobre todo en Manabí.
Esa zona más las provincias del Guayas, El Oro, Santa Elena, Sucumbíos, Orellana, Los Ríos y el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay) fueron declaradas en estado de excepción.
Sin embargo, la Corte dijo que “los hechos mencionados en el decreto no configuran específicamente la causal de conflicto armado interno que, en esta ocasión, fue la única invocada por el presidente de la República”.
Para que exista aquella causal, la institución recordó que deben mencionarse dos parámetros: el nivel de organización del grupo armado y la intensidad de las hostilidades.
Pero en el documento enviado por el presidente Daniel Noboa y en los informes que le sirven de respaldo, no se describen indicios relacionados con dichos parámetros.
No obstante, la Corte aclaró que su decisión no afecta las facultades previstas en el ordenamiento jurídico ordinario para que el Ejecutivo emplee a las Fuerzas Armadas para cumplir su misión constitucional.
La resolución se aprobó con el voto de mayoría y contó con el voto salvado de la jueza Carmen Corral Ponce.
El nuevo estado de excepción había sido decretado por Daniel Noboa como una parte de la segunda fase de la guerra contra el terrorismo.
Si bien en zonas como la provincia de Manabí ha bajado la violencia durante los últimos días, en otras sigue aumentado. En Durán las muertes violentas han incrementado un 300%.