Culminan alegatos en solicitud de juicio político contra Judicatura: "son pretextos para tomarse la justicia"
La Comisión de Fiscalización y Control Político cerró la sustanciación de la solicitud de juicio político.
La Comisión de Fiscalización y Control Político cerró la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Ruth Barrerno y José Morillo, expresidenta y vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), propuesta por Viviana Veloz, por presunto incumplimiento de funciones.
El pasado sábado, 13 de agosto, la mesa recibió a la asambleísta Viviana Veloz, quien expuso los argumentos de las afirmaciones constantes en la solicitud de juicio político.
La legisladora aseguró que a través de las pruebas actuadas y de los testimonios presentados en los últimos días ha demostrado que el Consejo de la Judicatura incumplió funciones, al desarrollar un proceso de evaluación a jueces "lleno de falencias, ilegalidades e irregularidades".
Añadió que también se demostró que no existe la figura de conjueces temporales a la que acudieron los actuales vocales del CJ para llenar las vacantes que se produjeron con la ilegal separación de los jueces que no superaron la fase de evaluación.
Luego, le tocó el turno a Fausto Murillo, actual presidente del CJ, quien expuso los documentos normativos y las resoluciones que facultan a este organismo a evaluar el desempeño de los jueces y conjueces de la Corte Nacional, proceso que nace de un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST).
Según Murillo, detrás de este juicio político está la intención de tomarse la justicia por parte de quienes hoy interpelan al Consejo de la Judicatura. "Son pretextos para tomarse la administración de justicia (...) sin duda las fuerzas políticas interpelantes quieren recuperar el control de la administración de justicia como lo tenían a partir de 2011 hasta el 4 de febrero de 2018, cuando el país a través de la consulta popular decidió reinstitucionalizar las entidades, principalmente de control y de la Función Judicial”.
Argumentó que los jueces que no pasaron las pruebas no fueron destituidos, sino removidos; lo cual no es una sanción, es decir, sí pueden participar de nuevos concursos y regresar a la Función Judicial.
Sobre los cuestionamientos a la designación de los conjueces temporales de la Corte Nacional, Murillo explicó que el proceso de selección fue riguroso: tener 10 años en la abogacía, haber permanecido al menos cinco años como jueces de Cortes Provinciales, no tener sanciones disciplinarias, haber superado las evaluaciones con puntajes de 80 sobre 100 y contar con especialización. Es decir, no fueron elegidos a dedo, como señaló el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela.
“No fueron escogidos de la calle ni de la esquina; fueron seleccionados de manera rigurosa”, indicó el Presidente del CJ. Y aclaró que no se recurrió a un banco de elegibles, porque este fue eliminado por el expresidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh.
Después, Ruth Barreno, vocal del CJ, defendió la competencia de este órgano administrativo y de disciplina de la Función Judicial para evaluar a todos sus servidores. También justificó la asistencia técnica, jurídica y metodológica del Comité de Apoyo a la Evaluación y dijo que en ningún momento el Consejo delegó su facultades, como también la nominación de conjueces temporales para llenar las vacantes dejadas por los jueces y conjueces que no superaron la evaluación.
De su parte, el vocal José Morillo dijo que no existe argumento alguno que demuestre el incumplimiento de funciones invocado por los asambleístas solicitantes del juicio político. Agregó que, se depuró una Corte que, como se demostró en los testimonios de las víctimas, actuó al margen de la ley y atropellando procedimientos.
Finalmente, compareció vía telemática la expresidenta del CJ, María del Carmen Maldonado. Mediante un documento, explicó el trabajo efectuado por el organismo respecto de la evaluación de los jueces de Corte Nacional y el concurso para la selección de nuevos magistrados, con la base jurídica y las decisiones normativas adoptadas para el efecto.
A partir del domingo corren los cinco días para la elaboración y aprobación del informe de la sustanciación de la solicitud de juicio político presentada por Viviana Veloz. De considerarlo pertinente, la mesa podría pedir una prórroga de cinco días.
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