El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió proceder con el juicio político contra cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), durante la sesión que se suscitó este martes 15 de noviembre.
El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira y los consejeros Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán fueron los funcionarios convocados.
El llamado obedece a una acusación de incumplimiento de funciones a raiz de las modificaciones que se les atribuye haber realizado al reglamento concernientes a la designación del nuevo Contralor del Estado.
El Pleno de la Asamblea resuelve llamar a juicio político a cuatro consejeros del @CpccsEc #JuicioPolíticohttps://t.co/dpf3XqCWll
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 15, 2022
De igual manera, también se hace referencia dentro de las acusaciones a la ausencia de transparencia en procesos relacionados al caso del Superintendente de Ordenamiento Territorial.
La resolución fue aprobada tras registrarse un total de 85 votos a favor, los cuales provenían en gran parte del Partido Social Cristiano (PSC) y la bancada correísta.
La Asamblea comunicó a través de su página web que de llegarse a ejecutar la censura y destitución los cuatro consejeros, sus puestos serán reemplazados por ciudadanos elegidos a través de votación popular en el 2021.
"No existen fundamentos. Aquí hay un interés del PSC y UNES (Unión por la esperanza) por tener mayoría en el CPCCS", expresó el líder de bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores, en medio del debate en que se generó en la Asamblea en torno a la resolución.
#PlenoLegislativo | Con 84 votos afirmativos se aprueba la moción de @mireyapazminoa para enjuiciar políticamente a 4 consejeros del @CpccsEc: Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo, por incumplimiento de funciones.#JuicioPolítico pic.twitter.com/wqNZ0cdevG
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Por otro lado, asambleístas de UNES señalaron que el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, intentó colocar trabas al proceso al remitir informes de manera tardía.
La potencial censura y destitución de los funcionarios llamados al enjuiciamiento político se resolverá a futuro, estando supeditada de una votación de los asambleístas en la que se deberá alcanzar una mayoría absoluta, contemplada en 70 votos, para continuar con el proceso.