Corte Constitucional no da paso a proyecto de ley enviado por Lasso sobre finanzas públicas
Un nuevo proyecto de ley enviado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, fue negado por la Corte Constitucional. Esta vez se trata de la normativa para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas.
Mediante este decreto, el Ejecutivo planteaba reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Buscaba actualizar y reformar procesos que permitan el funcionamiento, administración, seguimiento y control del Sistema Nacional de Finanzas Públicas "para que el manejo de las cuentas fiscales garantice el cumplimiento de los objetivos económicos".
Entre las propuestas, se contemplaba la remisión de los intereses por la deuda que tiene el estado del 40% de las pensiones jubilares con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
En relación a aquello, la Corte Constitucional resolvió emitir un dictamen no favorable, por ser incompatible con el artículo 148 de la Constitución de la República y entrar en tensión con el principio de no regresión y el derecho a la salud.
Además, se argumentó que la normativa contravenía "de forma manifiesta"la protección del derecho a la salud y el principio de sostenibilidad de la seguridad social.
El Gobierno también buscaba cambios en el cálculo de las asignaciones para salud y educación, el no cobro de intereses por retrasos en pagos entre las entidades públicas, y la posibilidad de que el nuevo Gobierno ajuste el Presupuesto General del Estado.
"La propuesta permitirá que la gestión de las finanzas públicas se realice de forma ordenada y transparente, impulsando el equilibrio y sostenibilidad de las cuentas fiscales", había señalado el Ejecutivo.
Por ello, contemplaba adecuaciones normativas ante imprevistos que pudieran ocasionar efectos negativos en las finanzas públicas.
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Por otra parte, el pleno de la Corte Constitucional aprobó la renovación por treinta (30) días de la declaratoria de estado de excepción en el Sistema de Rehabilitación Social a nivel nacional.
Mientras que, respecto de la constitucionalidad del proyecto de Decreto Ley Orgánica de Urgencia Económica de Gestión de Riesgos y Desastres, el dictamen es parcialmente favorable porque la Corte determinó que algunas de las disposiciones del proyecto de Decreto Ley Orgánica son contrarias a la Constitución de la República.
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