Dos de las ocho preguntas formuladas en la consulta popular que impulsa el presidente de la República, Guillermo Lasso, no fueron aceptadas por la Corte Constitucional (CC). El dictamen previo fue publicado este jueves 13 de octubre.
En el marco de propuestas para modificar la Constitución, la CC actúa en tres etapas: primero, emite un dictamen de vía para proceder al cambio constitucional; segundo, emite una sentencia de control constitucional de la convocatoria a referendo; y tercero, podría realizar control de constitucionalidad de la modificación constitucional ya aprobada.
En el contexto de la primera etapa, la Corte decidió aceptar la vía de enmienda para modificar la Constitución respecto de las preguntas 2, 3, 4, 5, 7 y 8 planteadas por Lasso.
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Este organismo también resolvió que las propuestas planteadas en las preguntas 1 y 6 no se pueden tramitar por enmienda, podrían tramitarse, al menos, por vía de reforma parcial.
La primera se relaciona con la participación de Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía para combatir el crimen organizado.
Respecto con la pregunta 1, la Corte consideró que parte de la estructura fundamental de la Constitución, y de los elementos constitutivos del Estado, es la separación funcional entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
En la pregunta seis, el Consejo de Participación Ciudadana se vería despojado de sus atribuciones para nombrar autoridades de control.
En ese sentido, la Corte estableció que el nuevo mecanismo de selección de autoridades altera el principio republicano de gobierno, al modificar el sistema de pesos y contrapesos de los poderes del Estado.
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La segunda fase que se llevará a cabo respecto de las preguntas 2, 3, 4, 5, 7 y 8, iniciará una vez que la jueza ponente dicte un nuevo avoco de conocimiento, momento desde el cual se contabilizarán los 20 días término que la Ley concede a la Corte para emitir la decisión.
El juez constitucional Jhoel Escudero Soliz salvó parcialmente su voto respecto de la decisión alcanzada para las preguntas 2 y 4. Mientras que, la jueza constitucional Carmen Corral Ponce y el juez constitucional Enrique Herrería Bonnet salvaron parcialmente sus votos respecto de la decisión sobre las preguntas 1 y 6.