¿Cómo Ecuador ha perdido más de $ 2.000 millones en demandas internacionales?
A inicios de agosto, Ecuador recibió la noticia de que Luxemburgo podría congelar sus cuentas en ese país, en un intento de la petrolera francesa Perenco por cobrar una indemnización de 374 millones de dólares.
Este caso inició en 2008, luego de que el presidente Rafael Correa expidiera el Decreto 662 que elevaba del 50 al 99 por ciento la participación mínima del Estado sobre los excedentes del precio del petróleo. Ahí nació el descontento. Fruto de esa decisión, el Estado recibió demandas, no solo de Perenco, sino también de las petroleras Burlington y Murphy.
Por los dos últimos casos, Ecuador ya pagó más de 400 millones en indemnizaciones, pues los fallos se conocieron mientras aún el correísmo estaba en el poder.
El caso Perenco trae más cola: la sentencia se dictaminó recién en 2021 y el procurador Íñigo Salvador dijo que el Estado va a honrar la deuda. Por esa declaración y otros temas, la bancada del correísmo, UNES, en la Asamblea intentó plantearle un juicio político, olvidando que su líder provocó este descalabro y que su administración ya pagó sentencias anteriores.
“Nos obligan a pagar 200 o 400 millones, pero solo con los campos 7 y 21 que los dejaron botados y los siguió operando Petroecuador, hemos ganado más de 1.000 millones de dólares”.
Esa siempre fue la lógica del expresidente Rafael Correa para justificar las condenas que ha recibido Ecuador en tribunales internacionales por juicios con empresas petroleras.
Pero las consecuencias no son solo los miles de millones que debemos pagar, sino el daño reputacional para el país frente a la comunidad internacional que percibe un país que cambia las reglas de juego en cualquier momento, sin respetar, incluso, contratos firmados.
Esta costosa herencia todavía está lejos de terminar. Con un Estado con los bolsillos rotos, aún no se sabe cómo ni cuándo el Gobierno desembolsará la indemnización a Perenco. Por ahora, el gobierno de Guillermo Lasso aseguró que no ha recibido ninguna notificación de cuentas congeladas en Luxemburgo y que “continuará con el establecimiento de un mecanismo de pago con Perenco”, sin precisar los plazos.
Lo único previsible es que la memoria selectiva de los correístas pondrá el grito en el cielo cuando se cancele a la transnacional esas deudas que deben honrarse. Vale recordar que Perenco no abandonó inmediatamente el país, luego del encontrón con el gobierno de Correa. Mantuvo sus oficinas en Quito y buscó, por varios medios algún acuerdo paralelo.
De fuentes cercanas se conoció que plantearon incluso la posibilidad de seguir operando los campos para desistir de la demanda. No obtuvieron respuesta, el juicio continuó y la sentencia contra el país, llegó.
Si de por sí para el Gobierno debe ser un problema encontrar los recursos para pagar a Perenco y Gente OIL, otra petrolera que le acaba de ganar un juicio a Ecuador: 11 millones, el problema mayor se vendrá en los próximos meses con el caso Chevron.
LA MAMÁ DE LOS JUICIOS
Expertos en arbitraje internacional sugieren que el país podría enfrentarse a una condena de entre 1.000 y 3.000 millones de dólares por el caso “Chevron III”.
El fallo ya fue emitido por la Corte Internacional de La Haya en octubre de 2018, aduciendo que “Ecuador es responsable por la denegación de justicia” a la petrolera norteamericana.
Desde esa fecha, las dos partes siguen presentando sus descargos para fijar el monto de la indemnización a favor de Chevron. El caso nació como una demanda de un grupo de afectados de Lago Agrio por la contaminación provocada por la operación de Texaco (que luego fue adquirida por Chevron).
Un juez de la Corte Provincial de Sucumbíos, en 2011, falló a favor de los demandantes por 19 mil millones de dólares, sentencia reducida en segunda instancia a 9.500 millones.
El gobierno de la Revolución Ciudadana, al calor de la “lucha contra las transnacionales”, se abanderó del caso y lanzó la campaña: “La mano sucia de Chevron”.
La compañía llevó el caso a La Haya y allí se presentaron pruebas de que el juez habría sido sobornado y que había escrito la sentencia en inglés cuando no podía desenvolverse en ese idioma. Un juicio en el que nada tenía que ver el Estado o el Gobierno, terminará siendo la peor sentencia para Ecuador, 10 años después.
Ante la falta de liquidez del país, el analista político y experto en arbitraje internacional, Hernán Pérez Loose, no descarta que Ecuador negocie una parte del pago en bonos (emisión de deuda).
“Ese es el problema de la fiesta que se dio el correísmo: que después hay que pagar los gastos”. Según este analista, si el gobierno de entonces se habría mantenido al margen, quizá Chevron habría alcanzado un acuerdo con los demandantes de Lago Agrio, obviamente por un monto bastante inferior al que reclamaban, pero al menos habrían obtenido algo y no estaríamos en este embrollo: quienes sufrieron la contaminación petrolera burlados y los 17 millones de ecuatorianos más endeudados.
Por otra parte, a criterio de Daniela Guarderas, especialista en arbitraje internacional, es importante comprender que las acciones locales tienen implicaciones internacionales. Si, bajo el derecho internacional hay una acción ilegítima, se podría llegar a condenar al Estado. Pero resalta que también han existido demandas de los inversionistas que no han prevalecido.
Explica que no se puede asumir que el Estado siempre tiene las de perder. “De hecho, incluso se han ganado contrademandas relevantes para el Estado, lo cual demuestra que los inversionistas no siempre actúan de conformidad con la ley del país receptor de la inversión. El sistema internacional impone que tanto los inversionistas como los estados actúen con prudencia en sus acciones”, concluye.
¿QUIÉN PAGA LA FIESTA?
El artículo 11 de la Constitución dice: “El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido”.
Pero, al menos en temas de laudos arbitrales esto no ha funcionado. A Oxy, por ejemplo, le pagamos en 2016 más de 1.000 millones de dólares, pero el procurador de ese entonces, Diego García, contagiado por el discurso de Correa contra las transnacionales, no aplicó la repetición.
A inicios de este año, el procurador Íñigo Salvador, pidió al entonces gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño y, al entonces ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, iniciar
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