Con 103 votos afirmativos, el Pleno del Legislativo encargó a la Comisión de Régimen Económico, Tributario, Regulación y Control que realice una investigación exhaustiva de la actual realidad y de todos los precedentes económicos y jurídicos del Banco del Pacífico, así como sus auténticas perspectivas financieras y que, a la mayor brevedad, entregue un informe completo y documentado a la Asamblea Nacional.
La moción, presentada por el legislador de Pachakutik Joel Abad determina que el referido informe será materia de análisis en el Pleno, sobre el cual se puedan adoptar las mejores y más pertinentes resoluciones, con el fin de ejercer la obligación constitucional de fiscalizar y ejercer control político, así como defender los intereses nacionales y populares.
Esta resolución se adoptó tras la comparecencia del presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), Iván Andrade Apunte, quien subrayó que el Banco del Pacífico es una entidad privada, sólida, fortalecida y solvente.
“El 92.6 % del capital del Banco corresponde a los depósitos de los ecuatorianos, es un banco privado, cuyo dueño es la CFN. Nosotros estamos fortaleciendo esta entidad bancaria, a través de varios mecanismos y para ello estamos manejándolo con prudencia”, añadió Andrade.
Explicó que el proceso de venta será solo con la participación de oferentes internacionales y no se permitirá que en esas empresas intervengan como accionistas, ni directa ni indirectamente, personas naturales o jurídicas ecuatorianas. El siguiente paso será la actualización de la valoración del banco, que concluirá este mes, añadió.
Según el presidente del directorio de la CFN el banco cerró el 2021 con un patrimonio de 819 millones de dólares, mantiene 15.747 puntos de atención al cliente, "pues sigue siendo el banco que atiende efectivamente a todos sus clientes, en todos los rincones del país".
Banco del Pacífico responde inquietud sobre el cierre de varias agencias a nivel nacional
Posteriormente se desarrolló el debate en el cual participaron nueve asambleístas. Entre los principales criterios expuestos por los legisladores hubo afirmaciones en el sentido que, este pedido de información no responde a los intereses de los depositantes, sino a motivaciones eminentemente políticas. Así mismo, preguntaron cuál es la urgencia de vender un banco que es rentable para el país y que cuenta con la confianza de más de dos millones de clientes.
Además, comentaron que si supuestamente es un banco que está bien, el cierre de agencias y oficinas en distintas ciudades del país genera inquietud en la cartera de clientes, quienes se ven obligados a llevar sus cuentas al “banco de al lado”. A la vez, se formularon llamados a desarrollar un proceso de venta claro, transparente y, sobre todo, técnico, que garantice los intereses de los depositantes.